Una encuesta de Ipsos publicada el 19 de noviembre del 2020, apenas unos días después de que renunciase a la jefatura del Estado, reveló que un 94% del país estaba en desacuerdo con su nombramiento como presidente, luego de la vacancia de el 9 de noviembre. La desaprobación del Parlamento, por otro lado, aumentó en 28 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, según el mismo estudio.

Sobre las protestas masivas que la vacancia y la asunción de Merino motivaron, el sondeo muestra que un 13% de peruanos participó de las movilizaciones, mientras un 73% aseguró que no acudió, pero las apoyó.

Hechas las sumas y restas, quienes respaldaron a Merino en su efímero sueño presidencial fueron una minoría. De hecho, más allá de las coartadas y conspiraciones que el expresidente del Congreso empuñó para justificar su dimisión, lo cierto es que dejó el puesto cuando se quedó solo. Con casi todo el país en su contra, con un Gabinete que saltó del barco en la madrugada del 15 de noviembre y con el Congreso que lo hizo presidente arrepintiéndose, no tenía manera de liderar un gobierno viable.

Aunque algo de compañía le quedó. Obedientes a la frase “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, una porción de la derecha conservadora que quería ver a Vizcarra caer aupó a Merino (que fue el potencial reemplazante de Vizcarra desde que se instaló el Congreso complementario) y lo convirtió, hasta ahora, en uno de sus representantes. Este último, además, cumplió con colocar un Consejo de Ministros conservador para sellar su unción. Así, para este grupo, el hecho de que un 86% de la ciudadanía haya marchado o apoyado las marchas de noviembre del 2020 se explica por una treta “caviar” o por las elucubraciones de algunas ONG misteriosas. Al mismo tiempo, a los jóvenes que capitanearon las movilizaciones los describen como ignorantes o como ciegos siervos de la administración de Vizcarra. Cuando la verdad es que había razones de sobra para reaccionar contra el Congreso populista y cargado de cuestionamientos que propició todo.

Pero lo más grave de la adopción conservadora de Merino concierne a las investigaciones que llegaron tras su renuncia. La violencia ejercida por la policía contra manifestantes y hasta periodistas, registrada en video y descrita por testigos, es ignorada o hasta negada por este grupo.

En la última semana, empero, la protección a Manuel Merino y compañía por un sector de la derecha se ha materializado en un informe que deberá votar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el que se elige, en buena cuenta, librar de polvo y paja a Merino, a su presidente del Consejo de Ministros Ántero Flores Araóz y a su ministro del Interior Gastón Rodríguez. Este recomienda archivar la denuncia luego de recoger, casi exclusivamente, la versión oficial de los hechos. Lo que en este caso equivale a dejar que los mismos denunciados se declaren inocentes.

Es cierto que no es la primera vez que la instancia política pretende librar a funcionarios cuestionados de futuras batallas penales, pero eso no lo hace menos grave. El peso político de lo ocurrido en noviembre del 2020 y las víctimas de las acciones de la policía no merecen que la historia se archive sin haberse cerrado en fueros menos subjetivos. De hecho, los defensores del mencionado informe ponen en duda el origen de los disparos que mataron a dos e hirieron a decenas de manifestantes, pero esto, lejos de justificar un archivo de la denuncia contra los potenciales responsables políticos, es la razón exacta por la que esta no debe morir sin respuestas ni rigor en el Legislativo.

PD: Los liberales siempre debemos repudiar el uso abusivo de la fuerza por las autoridades del Estado al igual que los mecanismos que los burócratas emplean para protegerse entre sí.

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