El atraso de elecciones

¿Por qué razón el Congreso debería haber aprobado el adelanto de elecciones? Se suele responder que el adelanto de elecciones es una manera institucional de canalizar el conflicto social para resolver la crisis política. Ciertamente, una salida de esta naturaleza no gratifica individualmente a nadie, pero sí aspira al bien común, muy necesario para estos momentos.

Sin embargo, desear el bien común no es común en nuestras élites. No se trata de idealizar a los políticos de antaño y creer que todos eran de mejor calidad e impolutos, pero sí es cierto que muchos labraban su experiencia en partidos políticos con cargos representativos o ejecutivos que los dotaban de cierta capacidad para negociar y tomar decisiones. Tenían, mal que bien, una visión de país, bajo un ropaje ideológico y propuestas programáticas, que permitían que los acuerdos, e incluso las oposiciones, sean más claras.

En la actualidad, los políticos son, en un alto porcentaje, aves de paso. Ingresan a la política tan rápidamente como salen, llegando a tal nivel de informalidad que acceder a cargos representativos o de gestión no requiere haber construido una carrera política previa en el interior de sus organizaciones. Alan García, Lourdes Flores Nano, Javier Alva Orlandini o Javier Diez Canseco, en el Apra, PPC, AP e izquierda, por citar algunos, ingresaron a sus organizaciones a temprana edad, ascendiendo con el correr de los años a cargos partidarios y de representación y responsabilidad legislativa y ejecutiva.

Por el contrario, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, PPK e incluso Pedro Castillo lograron acceder a la presidencia con escasos años en la vida política y alrededor de los 50 años o más. El vínculo con sus organizaciones ha sido corto y precario, a tal punto que estas ya no existen o están en extinción.

Para tener solo una idea de esta cruda realidad, desde el 2001, en los seis parlamentos elegidos, han accedido a ellos alrededor de una treintena de organizaciones políticas, de las que, en la actualidad, solo seis han tenido representación en anteriores congresos. Igualmente, cerca de un tercio de los congresistas han salido de sus bancadas originales desde julio del 2021. Es decir, el vínculo entre organizaciones políticas y parlamentarios es débil. Los partidos pueden desear adelanto de elecciones, pues muchos dirigentes quieren ingresar o regresar al Parlamento, pero a sus congresistas no les conviene. Lo que lleva, en algunos casos, a tensiones entre estas necesidades opuestas.

Al no configurarse relaciones más institucionalizadas, los parlamentarios no tienen ningún incentivo para votar por un adelanto de elecciones. Y si tampoco hay reelección –que siempre abre una posibilidad de mantenerse– ni compensación a sus proyecciones económicas hasta julio del 2026, los desincentivos son mayúsculos, pues perderían ingresos, estatus, beneficios no económicos y cuotas de poder, cuando no representación de intereses mercantilistas o mafiosos. Si a eso se agrega que estamos al frente de un Parlamento fraccionado en más de una docena de bancadas, la posibilidad de llegar a acuerdos para alcanzar votaciones altas es baja.

Otro tanto ocurre en el Ejecutivo, donde la presidenta Dina Boluarte siente que ha cumplido enviando proyectos de ley de adelanto de elecciones. No hay voluntad, firmeza y presión para llevar adelante el único encargo de un gobierno de transición: allanar un proceso electoral. Si no lo hizo el 7 de diciembre, cuando asumió el cargo, ahora, cargando con la responsabilidad política de decenas de muertos, alargar las elecciones es no solo un deseo, sino una necesidad. Solo un factor externo, como la movilización social, puede romper este acuerdo implícito de quedarse todos hasta el 2026.