El pretexto de la pandemia, por Fernando Tuesta Soldevilla

La pandemia del COVID-19 produce, como ya conocemos, efectos letales en la vida de nuestras sociedades. Tomada como pretexto, produce también efectos negativos en la vida de nuestra política representativa. Afirmar que no se deben realizar elecciones para la selección de candidatos de los partidos abiertas a la ciudadanía –como proponen varios partidos en el Congreso– porque afectarían a la salud pública es ir contra la abultada evidencia en contra.

Este último domingo, por ejemplo, se realizaron en Argentina las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) con una importante participación electoral. Además, si bien el año pasado se aplazaron elecciones en el mundo debido a la pandemia, muchas sí se realizaron y las postergadas, también. Sin embargo, para el presente año, con protocolos de bioseguridad y con una tendencia creciente de vacunados, hay abundante evidencia de países tan diversos que realizaron elecciones seguras, como Portugal, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Países Bajos, Uganda, Chile, México, Honduras, Israel, Bulgaria, Cabo Verde, Albania, Vietnam, Mongolia, Etiopía, Argentina y el Perú (abril y junio). Además, están programados para el resto del año comicios en Alemania, Noruega, Rusia, Marruecos, República Checa, Irak, Paraguay, Chad, Uzbekistán, Qatar, Nicaragua, Honduras, Gambia y Libia.

El predictamen de la Comisión de Constitución del Congreso reposa toda su argumentación en que las PASO producirían perniciosos efectos de contagio y muerte por el COVID-19. La única evidencia que muestra es la postergación de elecciones en pocos países que luego se realizaron. En algunos casos, incluso, por motivos que no tienen que ver con la pandemia. No señala la lista arriba presentada y, menos, los informes de organismos electorales y organizaciones internacionales que demuestran que, con protocolos de bioseguridad, se han celebrado elecciones seguras. La mayor muestra ha sido la nuestra, con elecciones en abril y junio.

Pero lo que tampoco se dice es que en el momento en el que se realicen las PASO, a inicios del próximo año, la gran mayoría de la población electoral estará vacunada; un factor que no estaba presente en nuestras elecciones generales pasadas. El COVID-19 es, pues, una excusa y no un problema de seguridad sanitaria, pues, si ese fuera el caso, también se debería solicitar la suspensión de las elecciones regionales y municipales de octubre.

¿Qué buscan realmente algunas bancadas? En pocas palabras, deshacerse de las pocas reformas políticas que se aprobaron hace dos años. Las reformas partían de un diagnóstico: debilidad representativa, extendido fraccionamiento y bajo nivel organizativo y de cohesión en los partidos. Los partidos desafiantes no fueron una alternativa para recomponer institucionalmente un sistema de partidos, sino que acentuaron su debilidad y permitieron la presencia de un sinnúmero de partidos subnacionales que, a su vez, fraccionan aun más el sistema partidario. Esta representación partidaria desarrolla una dinámica informal e ilegal de la política institucional. Se proponía abrir las elecciones internas para otorgarle participación y legitimidad al proceso de selección de candidatos, así como elevar las exigencias para mantener la inscripción legal de un partido político y de un movimiento regional en un registro lleno de organizaciones que no eran sino cascarones que estimulaban los llamados “vientres de alquiler”, cuyo efecto era la mercantilización de la política.

El predictamen de la Comisión de Constitución busca eliminar las PASO, regresar a las elecciones internas en las modalidades cuestionadas en las que participó –en las últimas que se celebraron con motivo de las elecciones generales– tan solo el 4,8% de los afiliados. La propuesta deja de lado también requisitos de participación, por lo que la gran mayoría de partidos mantendría la inscripción para hacer más de lo mismo. La contrarreforma está en marcha.