El domingo pasado, los limeños acudieron a las urnas para ponerle fin a una campaña electoral que, de principio a fin, solo pareció entusiasmar a los candidatos en contienda.

Como dijimos en esta columna hace unas semanas, con más del 70% de peruanos (El Comercio-Ipsos) sin voto definido para el 11 de setiembre (a tres semanas de los comicios), el ritual democrático del 2 de octubre tuvo en la multa por inasistencia su principal incentivo. Aun así, más personas eligieron no votar (21,4% de electores hábiles) que las que votaron por el triunfador, . Y lo más probable es que el desánimo con el que se participó del proceso sea similar al desánimo con el que se recibirá al electo, quien con su 26,2% de respaldo llegará al cargo con menos apoyo que sus tres últimos predecesores –Jorge Muñoz (36%), Luis Castañeda (50,7%) y Susana Villarán (38,4%)–.

Sin embargo, más allá del humor con el que los electores cumplieron su deber cívico, es evidente que los resultados, tanto en Lima como en las regiones, dicen mucho de la situación de nuestra política.

Quizá los casos más palmarios sean los de Juntos por el Perú (JPP) y Perú Libre, que sufrieron agrios fracasos en todo el país. El primero no solo naufragó en la capital, quedándose con el sexto lugar, sino que lo hizo con Gonzalo Alegría como candidato, un impresentable al que su hijo ha acusado de abuso sexual y que, al defenderse de las acusaciones, solo terminó por demostrarse como un sujeto prepotente y delirante. Aun así, hubo un 6,6% de electores de laxos escrúpulos que marcaron a JPP.

Perú Libre, por su lado, también tuvo un desempeño pobre en Lima con Yuri Castro (1,7%) como candidato. Pero es en regiones donde ambos partidos acumulan más dolores de cabeza. En Junín, por ejemplo, bastión de los lápices, la agrupación liderada por Vladimir Cerrón no obtuvo ninguna alcaldía provincial. Un claro mensaje al gobierno de Pedro Castillo y a sus aliados, con el que el país les dice que les perdió la paciencia.

Y es en este contexto, al que se le suma la mediocridad y contumacia del Ejecutivo, en el que Rafael López Aliaga, un sonoro opositor del régimen que incluso ha llegado a vociferar “¡Muerte a Castillo!”, pasará a ser el nuevo vecino en la Plaza de Armas de Lima. La ciudad que más desaprueba al presidente (62%, según El Comercio-Ipsos), le ha puesto al enemigo en la puerta y será importante que el señor López Aliaga esté a la altura de esta realidad. Aunque sus antecedentes sugieren que no lo estará.

Un alcalde, si bien no tiene herramientas legales para contrapesar al gobierno, sí tiene la obligación de defender los intereses de los ciudadanos para los que trabaja y debe, respetando escrupulosamente los modales democráticos, ser un actor que vigile y cuestione al Ejecutivo en ese sentido. Por ejemplo, en el caso del ilegal toque de queda que declaró Castillo el pasado 5 de abril, un alcalde con más capital político que Jorge Muñoz, con más capacidad de representación, podría haber hecho más para sacar la cara por la ciudad.

El alcalde electo ya dio los primeros golpes al decir que no se reunirá con el presidente y pidiéndole su renuncia. Y si bien el señor López Aliaga deberá enfocarse más en los problemas de Lima que en lidiar con el Gobierno, no está mal que este último tenga un rival por el que preocuparse. Pero como el exalcalde Luis Bedoya Reyes (de quien ‘Porky’ está muy lejos, cabe decir) ante el dictador Juan Velasco, la clave estará en la sutileza y en el cálculo fino. Algo de lo que el burgomaestre electo quizá no sea capaz.

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