Elecciones en el desierto

Locales de votación acondicionados, logísticamente todo preparado, protocolos de seguridad, información en abundancia, facilidades para electores con discapacidad, personal de la ONPE, el JNE y las Fuerzas Armadas desplegados a nivel nacional, mesas de votación instaladas en casi el triple de distritos en comparación con el 2020 y más de S/50 millones invertidos para las elecciones internas de los partidos políticos realizadas el 15 de mayo, pero faltó lo más importante: los electores. En gran parte de la jornada electoral hubo más personas que se encargaban de todos los detalles antes anotados que electores. Los organismos electorales estaban presentes; los partidos políticos, ausentes.

Pero esto era previsible, pues tiene historia. Hasta el 2019, la Ley de Organizaciones Políticas indicaba que para la selección de candidatos el partido político podía escoger entre elecciones abiertas con participación de la ciudadanía, cerradas con participación tan solo de los miembros de los partidos políticos y de manera indirecta, a través de delegados, en donde la ONPE solo participaba con asistencia técnica. La mayoría de los partidos optaba por esta última modalidad, en procesos electorales internos muy cuestionados y peor organizados.

Ese mismo año, se modificó la ley, como uno de los pocos cambios que formaban parte de la reforma política, para establecer únicamente la modalidad de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), con la participación de los organismos electorales que se encargaban de la ejecución del proceso y de la impartición de justicia electoral. Era un cambio sustantivo que iba a permitir una buena participación, competencia interna y alta legitimidad. Pero el tema era que la selección de candidatos pasaba por el involucramiento de los electores y ya no por la dirigencia del partido.

Para evitar esto, tanto el Congreso anterior como el actual, con motivo de las elecciones generales del 2021 y de las próximas elecciones regionales y municipales, decidieron que las PASO se suspendían debido al COVID-19. En realidad, si se trataba de una real preocupación por la salud pública, también se hubieran postergado las elecciones de abril y junio del año pasado. El tema era que no querían perder el control de la selección de sus candidatos. En consecuencia, se decidió que esta debía ser a través de elecciones internas con la sola participación de los miembros de los partidos y movimientos regionales, pero tenían la posibilidad de escoger entre la modalidad, ya desaparecida, de cerrada solo para militantes o a través de delegados, con la presentación de candidaturas por listas.

Esto llevó a una compleja organización para que los partidos y movimientos regionales pudiesen participar. Sin embargo, los resultados fueron otros. En primer lugar, el desincentivo debido a la modalidad de delegados que aleja de una decisión directa. Pero, además, la casi nula competencia, en donde alrededor del 95% presentó listas únicas. La consecuencia ha sido, al igual que la vez anterior, una bajísima participación, que en promedio está por debajo del 10% de los miembros de los partidos. Además, no se instaló al menos el 20% de las mesas por falta de miembros. Al lado del desincentivo por la modalidad de delegados y la baja competitividad, es altamente probable que los padrones hayan estado “inflados” o con membresías falsificadas.

Es decir, la baja participación o desinterés de quienes deberían ser los más preocupados por la selección de sus candidatos, los militantes, está fuertemente relacionada con este diseño decidido por los partidos. Tendremos, así, candidatos con baja legitimidad y que nada aportan a la mejora de la representación política. Las PASO, que no les gustan a los partidos, son, qué duda cabe, la mejor salida para que las elecciones no sean más en un desierto.