Alejandra Costa

El es un espacio donde se busca lograr lo casi imposible: que los gremios de empresarios y los sindicatos de trabajadores lleguen a un acuerdo sobre cambios en la legislación laboral, pese a que muchas veces sus intereses se perciben como opuestos.

El rol de promotor del diálogo lo cumple el Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y pocas veces hemos visto una menor disposición a cumplir este papel que durante el gobierno de Pedro Castillo. Dándole la espalda al CNT, se impusieron cambios legislativos importantes como los límites a la tercerización laboral y modificaciones al reglamento de negociaciones colectivas, siguiendo la equivocada idea de que los problemas del mercado laboral en el país se resuelven con mayor rigidez, cuando la altísima (75,7% según el INEI) es prueba de lo contrario.

Felizmente, fallos del Indecopi y el Poder Judicial han ido dejando sin piso las disposiciones más extremas de esos cambios normativos, como prohibir la tercerización para las actividades del núcleo de negocio de una empresa y obligar a los trabajadores no sindicalizados a acatar una eventual huelga.

Sin embargo, aún está por verse si el debilitamiento del CNT como espacio de necesario debate puede revertirse luego de que los desplantes del gobierno de Castillo al CNT llevaran a los gremios empresariales a retirarse de este espacio.

Una señal positiva en ese camino es el anuncio del ministro de Trabajo, Fernando Varela, sobre la reanudación el 13 de julio de las sesiones de diálogo entre el Estado, los empleadores y los trabajadores en el CNT.

El reto no es menor. Uno de los primeros temas en agenda será un eventual aumento de la remuneración mínima vital (RMV), más específicamente, el intento de establecer criterios técnicos para que esta se actualice cada cierto tiempo dependiendo de variables como el crecimiento de la economía y la productividad y no, como sucede en la mayoría de gobiernos, de la popularidad del presidente de turno.

En este tema las tensiones se exacerban, pues los sindicatos piden que el sueldo mínimo se aumente para compensar el efecto de la inflación, mientras que desde el lado de los empleadores el temor es que esto constituya un fuerte golpe a las micro y pequeñas empresas, en una situación ya delicada por la falta de dinamismo de la economía.

Esta pugna muestra que el desafío de este gobierno de cara al CNT va más allá. El CNT debería cumplir su misión y convertirse en un espacio generador de consensos entre gremios y sindicatos sobre la necesidad de que todas las acciones sigan un norte: la recuperación del empleo formal. Y que esa claridad represente un límite a los intentos del Congreso de seguir avanzando en la agenda del populismo laboral con propuestas tan absurdas como obligar a las empresas a otorgarle a sus trabajadores un año sabático.

Si no podemos ponernos de acuerdo al menos en eso, seguiremos condenando a más de 7 de cada 10 trabajadores del país a tener que sobrevivir sabiendo que su más cercano contacto con cualquier derecho o protección laboral será el que tienen al leer los interminables debates sobre estos temas en las noticias.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Alejandra Costa es curadora de Economía del Comité de Lectura