Si no entiendes, acusa, por Andrés Calderón

Si nos basamos en algunos reportajes y opiniones, este debió ser el saldo de la semana pasada: el sistema Perú Compras eliminado, el ministro Saavedra censurado, los certificados de Defensa Civil se tendrían que renovar cada dos años nuevamente, y los ‘frívolos’ destrabadores irían a la cárcel por el incendio en UVK de Larcomar.

“¿Qué pasaría si ese funcionario en la comodidad de su escritorio escoge a dedo o malamente a cierta empresa… literalmente con un solo clic?”. “El llamado Convenio Marco es una nueva forma de comprar que tiene el Estado para así evitar licitaciones públicas”.

No. Aunque queramos crear tensión, le pongamos música de fondo de película thriller, énfasis en la última frase y esperemos cinco segundos antes de decir la última palabra (“CON UN SOLO... CLIC”), así no funciona.

Ni el Convenio Marco es tan nuevo ni tampoco es una forma para “así evitar” las licitaciones públicas. En sencillo: En el 2008 se creó una central de compras para el Estado, primero a cargo del OSCE y luego de Perú Compras. Este organismo hace un concurso público para escoger a los proveedores de ciertos materiales o equipos de uso común (papelería, útiles de oficina, computadoras, etc.), y celebra Convenios Marco con los proveedores ganadores. Estos ingresan a un catálogo electrónico. Todas las entidades estatales (no solo el Ministerio de Educación) que requieran esos materiales están obligados, por regla general, a comprar a través del catálogo electrónico (sí, con un bendito clic, como si lo hicieran por Amazon, Ebay o Cinepapaya) y escogiendo al mejor proveedor con base en algún factor objetivo (precio, experiencia, cantidad, etc.)

Se puede discutir si Perú Compras hace bien sus filtros, o si hubo algún acuerdo bajo la mesa para tratar de favorecer a alguien, pero si queremos asustar a la gente con esta forma de contratación, el siguiente paso debería ser eliminar las tiendas virtuales. Bienvenidos de vuelta al siglo XX, hagan su cola y pasen a la caja registradora.

“Indecopi y PCM dieron carta abierta para prescindir de certificado de seguridad”, “hubo un marco legal que ‘permitió’ que esta tragedia ocurriera”.

Nuevamente no. Aunque dé flojera leer una resolución de 20 páginas, y queramos más bien crucificar a las “élites destrabadoras” , tampoco funciona así. El certificado de seguridad nunca dejó de existir ni obtenerlo dejó de ser mandatorio. Lo único que cambió fue que en el 2014, el Indecopi y la PCM reconocieron que no se tenía que renovar dicho documento cada dos años, pues de acuerdo a ley (desde el 2001, ojo), solo una norma de igual jerarquía puede limitar la vigencia temporal de autorizaciones y permisos, lo que no sucedía aquí.

Por otro lado, renovar un papelito cada dos años no garantiza nada, mucho menos cuando las municipalidades no tienen ganas o incentivos para fiscalizar, sin previo aviso, si los establecimientos mantienen sus condiciones de seguridad. Una potestad que siempre ha existido, por cierto.

Está bien, mandemos a PPK a googlear a Carlos Moreno antes de incluirlo como consejero, y a Cecilia Chacón a averiguar qué es déficit estructural si va a ser la presidenta de la Comisión de Presupuesto, pero hagamos también nuestra chamba e investiguemos un poco.

Nos quejamos de las leyes hechas al caballazo, pero somos los primeros en pedir la derogación inmediata de aquello que no entendemos, pero nos suena mal. Si no entiendes, no te quedes callado, ni dejes de acusar. Pero primero pregunta.