Esclavitud por partida doble

La presidenta Dina Boluarte parece convencida de la perdurabilidad de su gobierno. “El tema de adelanto de elecciones está cerrado. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de derecho, la democracia y la Constitución, hasta julio del 2026″. Pero el convencimiento bien podría ser impostado.

El anuncio seguramente fue dado como para salir del paso, como cualquier reacción a una pregunta incómoda. Pero bien podría –como sugiere Mirko Lauer– “significar un cierto cambio de esquema táctico y de discurso” (“La República”, 18/6/2023). Estas variaciones son particularmente relevantes para un gobierno impopular, carente de las mínimas condiciones para una gestión estable.

¿Qué frentes podrían experimentar cambios? En el Congreso, el pedido de adelanto de elecciones, dormido desde hace varios meses, podría reactivarse, sobre todo si –como podría pasar– la izquierda y sus compañero de ruta (en bancadas lejos del progresismo) logran ganar la Mesa Directiva y presidir comisiones importantes. Estos dos desenlaces se darán, indefectiblemente, entre el 26 de julio, fecha de renovación de la presidencia del Congreso, y mediados de agosto, cuando concluyan las negociaciones regulares de una nueva legislatura.

Si a ello se agrega un creciente ánimo opositor, como el que manifestó recientemente Fuerza Popular a través de su lideresa Keiko Fujimori, la cancha se pone aún más inclinada para un Ejecutivo carente de una bancada propia o de acuerdos expresos de colaboración parlamentaria. A un afán de contrarrestar este nuevo desarrollo podría deberse la incorporación de César Vásquez, excongresista de Alianza para el Progreso (2016-2019), al Gabinete a través del Ministerio de Salud.

Por otro lado, la convulsión social que vio picos en diciembre y enero podría reactivarse, considerando la altísima impopularidad de la presidenta, a estas alturas ya a niveles comparables con los de Alejandro Toledo, aunque carente de una gestión medianamente competente y de los numerosos alfiles que tenía la chacana dentro y fuera del Parlamento.

Las cifras de acciones colectivas de protesta, que reporta la Defensoría del Pueblo, se han reducido el último mes, al pasar de 256 en abril a 223 en mayo. El número es mucho menor que el de enero (1.261), pero nada garantiza que la tendencia se mantenga el mes próximo, sobre todo en las regiones, en donde Boluarte es aún más impopular que en la capital.

Pero aunque la presidenta crea que las elecciones están muy lejos, su anuncio parece haber activado tempranamente la campaña. Los visos más evidentes de ello se dieron a la derecha del espectro político, donde Keiko Fujimori y Rafael Belaunde, del recientemente inscrito Libertad Popular, parecen los más entusiastas.

Si, como avizora Juan Carlos Tafur, la fragmentación terminará complicando las posibilidades de la izquierda (“Sudaca”, 8/6/2023), la contienda por la sucesión de Boluarte podría inclinarse hacia la derecha. Será, entonces, cuando lo que ahora parecen matices y diferencias menores entre las distintas versiones de derecha tendrán mayor sentido.

Como las amenazas grandilocuentes, la expresión de Boluarte parece responder más al temor que a la seguridad. Pero el temor es una fuerza que somete. No en vano Séneca decía que “el que teme es un esclavo”. Hoy que la presidenta optó por ir en contra de aquello de que uno es “dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras” también eligió una insólita esclavitud por partida doble.

Los algo más de tres años que median entre hoy y el 28 de julio del 2026 –su aspiración final– son un largo trecho. El tramo debería recorrerse en plena libertad. Pero esa es una condición que parece lejana para quien hoy lidera los destinos del país.