José Carlos Requena

La política peruana parece estacionada en un limbo interminable, a pesar de sucesivas denuncias y escaramuzas entre el y el Legislativo que producen recurrentes titulares y dan la sensación de que un desenlace está por darse. Pero difícilmente surja del elenco político estable la ruptura de este marasmo. Habrá que ver, más bien, cómo se enfrentan los problemas reales para ver si se origina alguna fuente de quiebre.

La reciente encuesta de El Comercio-Ipsos (13/11/2022), por ejemplo, grafica una normalidad en lo referido a la aprobación de la gestión presidencial de . Entre setiembre (23%) y noviembre (27%) su popularidad se ha movido solo cuatro puntos porcentuales; el margen de error es de 2,8%.

Es el trimestre más estable en mucho tiempo, solo comparable al segundo en el cargo (noviembre 2021-enero 2022), cuando se movió entre el 35% y el 33%, respectivamente. Si, como suele pasar, en diciembre se instala un ánimo indulgente, Castillo debería prolongar a cuatro meses su estabilidad en torno a un cuarto del electorado.

En cuanto al promedio de aprobación mensual en relación con sus cuatro predecesores democráticamente elegidos en los primeros 16 meses en el cargo, Castillo (28,9%) empieza a alejarse de Toledo (27,1%), aunque aún está lejos del promedio general (39,4%) y de sus otros antecesores (García, 46,4%; Humala, 53,6%; y Kuczynski, 41,4%). Está, además, a solo cuatro meses de equiparar la duración en el cargo con Kuczynski, que renunció en marzo del 2018, habiendo durado solo 20 meses en el cargo.

Es importante, además, notar la consolidación de algunos bastiones. En el interior rural, Castillo bordea la aprobación de la mitad de los encuestados (49%), habiendo crecido 14 puntos porcentuales desde setiembre. Similar evolución se da en el NSE E, actualmente en un 43%, habiendo estado en un 30% en setiembre.

Pero son precisamente estos bastiones los que enfrentan los problemas más serios, en los que la gestión del Ejecutivo estará más comprometida, al mostrar sus serias limitaciones: la crisis económica y la gestión de complejos asuntos sociales, desde diferencias devenidas conflictos hasta factores que tienen que ver con el clima o los incendios.

La situación económica, como se sabe, se acrecienta como un problema acucioso. La misma encuesta de El Comercio-Ipsos indica que un 84% a nivel nacional piensa que el costo de vida ha subido en los últimos 12 meses. El porcentaje no varía mucho en el interior (82%). Un tercio de la población (33%) cree que la causa principal es la incapacidad y las malas decisiones del Gobierno. Esta situación impacta más, precisamente, en los NSE menos favorecidos; el E, como se dijo, es uno de los bastiones gobiernistas.

En el interior del país, por su parte, los incendios forestales y la confirmación de la sequía tendrán un severo impacto en la campaña agraria 2022-2023. Si a ellos se agrega el fiasco que ha significado la gestión de la adquisición de fertilizantes, la presión será mayor.

Una situación similar se dará con la conflictividad. Las acciones colectivas de protesta se han estabilizado muy cerca de su pico de marzo y han pasado de 337 en agosto a 353 en octubre, según datos recogidos por la Defensoría del Pueblo. Como referencia, fueron 231 en agosto del 2021 y 363 en el pico de marzo último.

Así pues, con un Castillo estabilizado, la principal oposición que enfrenta no parece estar en la Plaza Bolívar en la que –sin embargo– debería forjarse cualquier salida al nudo político. Más bien, podría ser en el fuero más interno y postergado del país (el interior rural y el NSE E) donde surja alguna intranquilidad mayor que comprometa el vigente marasmo. Fuego interno le llaman.

José Carlos Requena es analista político y socio de la consultora Público