¿Generosidad por obligación?, por Franco Giuffra

Un debate interesante se plantea ahora a propósito del proyecto de ley de donación de alimentos que está en discusión en el Congreso. La iniciativa busca establecer las condiciones legales que faciliten a los supermercados y otros negocios la donación de alimentos no aptos para la venta, pero que están en condiciones aceptables para su consumo.

Las donaciones se harían a entidades denominadas “bancos de alimentos”, para que las canalicen a organizaciones, iglesias y comedores populares, con la finalidad de ayudar a gente necesitada.

Difícil imaginar una causa más noble. Evitar la pérdida de toneladas de productos que, de otro modo, se irían a la basura, mientras centenares de miles de personas pasan hambre en todo el país. La propuesta, como es previsible, goza de amplia aceptación, como puede verse en las redes sociales, al leer las adhesiones de muchas personas que saludan la discusión de la norma e instan a su inmediata aprobación. 

Como se deduce de la revisión de esos mismos comentarios, sin embargo, la mayoría de los entusiastas defensores del proyecto no lo ha leído. La idea es tan potente que suscita una simpatía, digamos, emotiva, que no deja mucho espacio para el análisis desapasionado.

Pero la economía no es una cuestión de emociones, lamentablemente. Y la norma que ahora se discute tiene algunos inconvenientes que no pueden pasarse por alto. 
En primer lugar, establece la obligatoriedad de las donaciones, extensiva a los supermercados y los “almacenes de alimentos”. Luego de un período de tres años de progresivo cumplimiento, en efecto, el proyecto señala que “queda prohibida la destrucción” de este tipo de alimentos.

Se trata de una disposición excesiva para nosotros. La obligatoriedad de la donación existe en Francia, desde hace poco, pero no es lo usual en otros países con legislación similar. En Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, las donaciones son voluntarias.

No es realista porque la obligación de donar todo supone una logística de segregación, conservación y control que no puede imponerse en nuestro país a todos los establecimientos involucrados. Tampoco es realista pensar que surgirán en todo el territorio suficientes bancos de alimentos capaces de recolectar adecuadamente, asegurando la inocuidad de los alimentos, todos los productos potencialmente donables de manera diaria. Los costos de establecer esto a nivel nacional en 36 meses son enormes.

En segundo lugar, la norma no es suficientemente clara en determinar los límites de responsabilidad de los donantes acerca de la idoneidad de los productos. En otros países, por ejemplo, se permite incluso la “negligencia ordinaria” y se excluyen las sanciones por estos casos. Es decir, no se penaliza a un supermercado si por un descuido donó una lata de sopa que estaba en mal estado.

Sobre el carácter de las donaciones, lo sensato es disponer que sean voluntarias. Esto es, legislar sobre los temas tributarios y los límites de responsabilidad de los donantes, pero permitir luego la libre participación de las empresas. Las ganancias en imagen que puedan obtener pueden ser un mejor aliciente que una imposición normativa. No son precisamente los imperativos regulatorios los que hacen que las empresas privadas generen cosas mejores de las que producen las entidades públicas. 

Ojalá fuera más fácil resolver estos entrampamientos y llevar la ayuda hoy mismo a los necesitados. Pero nada es realmente gratis en la vida y los legisladores deberían acordarse de eso incluso cuando quieren hacer el bien a los demás.