Dina no es Barbie

La omisión de la lucha contra la violencia hacia la mujer en el mensaje de 28 de julio es imperdonable y no pasa por abordar el complejo tema para satisfacer el activismo feminista o sintonizar con el ‘hype’ producido por la icónica muñeca de Mattel. Se trata de invertir y establecer políticas públicas para el desarrollo social y económico de la mitad de los peruanos; es decir, de una visión del país.

No deja de ser interesante cómo es que la primera mujer que ocupa la presidencia –un hito histórico en nuestro país– solo menciona la palabra “mujer” ocho veces en las 72 páginas que ocupó su extenuante mensaje. Las tres primeras fueron para referirse a ella misma como “la primera mujer presidenta”, “una mujer de paz” y “una mujer provinciana”. Luego de enaltecer su género a conveniencia, dio unas cuantas pinceladas incluyendo a la mujer en el número de personas beneficiadas por los programas sociales y, finalmente, propuso la modificación del Código Procesal Penal para que las requisitorias no caduquen hasta que se detenga a los agresores. El resto fue retórico.

Incluso desde el punto de vista comunicacional –para alguien urgida de popularidad–, no deja de sorprender la evasión de una realidad cotidiana. Era una oportunidad de oro para empatizar con las decenas de miles de mujeres que no se definen ni feministas ni progres, pero sí víctimas de un infierno del que no pueden salir y a quienes el Estado llega de manera ineficiente y hasta hostil. Boluarte pudo tener “su momento” hablándoles a ellas, dándoles alguna esperanza. Pero no.

Las cifras del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de entre enero y junio de este año son muy elocuentes: 14.500 casos de violencia sexual (70% de ellos contra niños, niñas y adolescentes), 31.645 casos de violencia física, 133 intentos de feminicidio y 79 muertes con características de feminicidio. Estos son solo los casos que llegan a los Centros de Emergencia Mujer, pues existe una cifra oculta, mujeres que jamás denuncian porque la experiencia de enfrentarse al Estado no solo es ingrata, sino, muchas veces, también inútil. Según las cifras del INEI (noviembre 2022), el 54,9% de las mujeres de entre 15 a 49 años fueron víctimas de violencia familiar alguna vez en su vida.

Dina Boluarte no es ni por asomo una estadista. Si lo fuera, se daría cuenta de que estas cifras se convierten en un freno para la economía del país. Una mujer violentada puede truncar su educación, anular su capacidad productiva, excluirse de la fuerza laboral y perpetuar la pobreza que termina siendo un pasivo de toda la sociedad, sin mencionar los gastos millonarios en los que incurre el Tesoro Público en asistencia, salud, servicios judiciales y penitenciarios.

La lucha contra la violencia a la mujer, y –por lo tanto– el enfoque de género, es transversal a todo el aparato estatal y no es un asunto de ideología, pero sí de eficiencia, de crecimiento del PBI y de desarrollo. Un informe realizado en el 2021 por el Fondo Monetario Internacional colocaba al Perú muy cerca de los países del África subsahariana que lideraban la lista de naciones con más altas tasas de violencia física, sexual y emocional contra mujeres. Pero nuestra primera presidenta mujer de la historia republicana no lo ve o no lo quiere ver.