Del golpe a la quiebra, por Andrés Calderón

¿Qué tienen en común Essalud, las playas de estacionamiento y los cines?

Todos ellos han sido recientemente golpeados por el Estado. Pero no se alarmen, ninguno quebró… todavía.

El más próximo a la quiebra sería Essalud, según ha manifestado su presidenta, Fiorella Molinelli. Essalud tendría que gastar S/700 millones no presupuestados debido a un proyecto de ley aprobado el jueves que modifica la base de cálculo e incrementa el monto de la CTS que la institución debe pagar a sus trabajadores. La medida es inconstitucional por donde se la mire: discrimina entre trabajadores, infringe la prohibición de iniciativa de gasto parlamentario y hasta podría significar una expropiación de los aportes que realizan los empleadores –a nombre de sus trabajadores– a Essalud y que ahora servirían para solventar la enriquecida CTS de los servidores públicos. Sin embargo, la única razón que parece mover un poquito de sus curules a los congresistas es la advertencia de que Essalud podría quebrar.

Probablemente no quiebren (todas) las playas de estacionamiento, pero sí que se verán dañadas. En primera votación, el Congreso ha aprobado varias medidas que afectan dicho negocio. Las playas de estacionamiento en centros comerciales, estadios, teatros y demás deberán regalar 15 minutos de servicio. Gratis. ¿Por qué? Porque el congresista Miguel Elías, presidente de la Comisión de Consumidor, así lo quiere. ¡Faltaba más! Además, ya no podrán cobrar por hora o fracción, sino solo por minuto. Tampoco multa por pérdida de ticket. Está claro que los antojos parlamentarios priman por encima de la libertad de empresa y libertad de contratación.

Los burócratas, empezando por los congresistas, suelen pensar que tienen carta blanca para decidir qué puede hacer o no una empresa, sin mayor fundamento que lo que ellos creen que es “justo”. No les importa que exista en la Constitución algo llamado ‘libertad de empresa’, en virtud de la cual son las personas las que deciden cómo se configura su negocio y no un funcionario estatal. No entienden que la también constitucional ‘libertad de contratación’ da el poder a los consumidores para influenciar en una empresa, aceptando o rechazando sus ofertas. Ellos quieren decidir en lugar de los consumidores.

Pero que los congresistas decidan jugar con el dinero ajeno no es novedad. Lo preocupante es que los ciudadanos y la prensa nos estemos acostumbrando a esta dinámica.

Recuerdo que cuando salió la resolución de la Sala de Consumidor del Indecopi en el famoso caso de la ‘canchita’, una amiga periodista me recriminaba por “incendiar la pradera” al cuestionar el fallo y comentar que esto podría impactar en los precios de los tickets y los ingresos de los cines. No era una premonición (aunque el efecto negativo finalmente se dio). Era una ilustración.

Si, por imposición estatal, se quita fuentes de ingreso a un negocio (sea porque los obligan a dar estacionamientos gratuitos o permitir el ingreso de canchita), es posible que el titular del servicio busque formas de compensar (subir el precio del ticket de estacionamiento o de la entrada al cine). Y si se agregan costos a un servicio (Essalud) que no puede incrementar sus precios, es posible que la calidad de este decaiga o el proveedor finalmente quiebre.

Essalud no es un negocio privado. Eso es obvio. Pero su caso ejemplifica muy bien la abulia ciudadana frente al atropello estatal de nuestras libertades. No importa que dañen un negocio, lo golpeen. ¿Quebró? No. Entonces que se aguante.

Las libertades, sin embargo, se defienden por principio, no solo cuando están a punto de perecer.