Gritos silenciosos, por José Carlos Requena

La reciente encuesta de CPI difundida el lunes 6 muestra una aprobación global del presidente Pedro Castillo (43,5%) que, vista en profundidad, grafica claramente las diferencias entre la capital (Lima y el Callao: 24,6%) y el resto del país (54,8%). Algo de esto ya mostraba la encuesta de El Comercio-Ipsos del mes pasado, en la que la aprobación regional (46%) casi doblaba a la capitalina (24%).

De alguna manera, las primeras cifras de aprobación prolongan los resultados de abril y junio, que mostraron una marcada diferencia en el comportamiento electoral según el conglomerado regional. Solo considerando la segunda vuelta, la estrecha distancia por la que ganó Castillo se revierte y amplía en Lima Metropolitana, donde la votación válida de Keiko Fujimori (65,7%) –con todos los pasivos que arrastraba y los desaciertos de su campaña– casi dobló a la del hoy mandatario (34,3%).

¿Por qué un Gobierno sin rumbo no tiene una situación más comprometedora en la opinión pública? Las anotaciones de dos politólogos en sus cuentas de Twitter pueden ayudar a entender algunas de las razones del capital que tiene una gestión que hasta ahora ha acumulado, sobre todo, desatinos. Dos palabras clave: identificación y representación.

Rodrigo Barrenechea reseña la división Lima-Interior como una de las dos más estables en tiempos recientes. Esta división, en su mirada, ayuda a brindar identificación a una mayoría de gente no interesada en la política, por lo que un sector del país está “más dispuesto a darle un chance que otro”.

Arturo Maldonado, por su parte, señala el tipo de representación que parece tener lugar y que da pie a algo que podría estar originando la indulgencia hacia el mandatario, presente sobre todo en las regiones. Para Maldonado, el sondeo de CPI “parece indicar que [en la evaluación de Castillo], por el momento, la representación descriptiva pesa más que la representación sustantiva”.

Algunos elementos de esta lectura debieron de estar presentes en la conformación del Gabinete. Las “pelotudeces democráticas” que hubieran demandado un Gabinete paritario fueron reemplazadas por una reivindicación inédita: 15 de los 19 ministros han nacido fuera de Lima (el limeño Héctor Béjar fue reemplazado por su paisano Óscar Maúrtua). Esta consideración ciega no contempló, por supuesto, los serios cuestionamientos que varios de ellos presentaban, incluyendo sus lazos con los peores lastres de tiempos recientes, como el terrorismo o la violencia contra la mujer.

El régimen, además, se favorece de la composición de dos de las principales bancadas parlamentarias. Tanto en Acción Popular como en Alianza Para el Progreso, la mayoría de los escaños (14 de 16 y 13 de 15, respectivamente), corresponde a congresistas no capitalinos. Naturalmente, sus ocupantes serán más sensibles a su electorado, regularmente indulgente con el Gobierno, que a las reiteradas denuncias que propala la prensa capitalina.

La dicotomía Lima-regiones, que marca los inicios del gobierno de Castillo, parece hoy brindarle una base suficiente sobre la cual asentar su precario equilibrio. Cómo evolucione esta relación será fundamental para avizorar su desenlace. Entre la impaciencia capitalina y la indulgencia regional, hay un amplio espectro de motivaciones y ánimos que fluctúan entre la anuencia resignada o la oposición radical, y que pueden activarse rápidamente con algún detonante.

El mundo real, en cambio, difícilmente será cambiado por la retórica de una gestión que va mostrando serios flancos y acumulando muy cuestionables designaciones. Aquellos sin voz –que el hoy lacónico y confuso presidente quiso representar en campaña– seguirán emitiendo gritos silenciosos que prolongarán uno de los abismos más añejos de la historia bicentenaria peruana: el que separa a la capital de las regiones.