“Houston, tenemos un problema”, por Franco Giuffra

Probablemente la verdadera motivación detrás de la compra del satélite del ministro Cateriano no tenga que ver con cuestiones militares o de control territorial. Es más verosímil que el millonario aditamento servirá en realidad para ofrecer una órbita regular de flotación celeste a algunos congresistas nuestros que andan perdidos en el espacio.

Señaladamente, sin duda, a los integrantes de la Comisión de Producción del Congreso, que han sido capaces de sacar adelante la muy inoperante y etérea Ley del Emolientero, una verdadera oda a la nada.

Si don Ángel Neyra y sus colegas parlamentarios quieren ser recordados por un instante en el futuro, les recomiendo mucho dejar sus “mixes” de maca y kiwicha por un momento y, en lugar de ello, leer las resoluciones de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi.

Allí descubrirán lo que están haciendo las municipalidades al imponer obstáculos ilegales para la obtención de licencias de funcionamiento y, ojalá, con la debida iluminación, obtendrán insumos para redactar leyes que ayuden de veras a todos los empresarios de este país.

¿Y qué están haciendo las municipalidades? Pues básicamente inventando requisitos y artimañas para incumplir la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley 28976). En ella se establece que, además de algunos documentos básicos a presentar, a las municipalidades solo corresponde evaluar por adelantado si la zonificación es correcta, si el giro del negocio es compatible con el uso establecido del suelo y si se cumplen las condiciones de defensa civil. Todo lo demás, dice la Ley Marco, se debe fiscalizar posteriormente.

En la práctica, sin embargo, escudadas en ordenanzas diversas sobre estándares de calidad y ornato, las municipalidades exigen por adelantado cumplir con una dotación de estacionamientos, presentar licencia de edificación de las obras efectuadas en el local, comprometerse a ciertos horarios de funcionamiento, entre otras cosas diversas.

En algunos casos, no admiten solicitudes para instalar restaurantes que no tengan un estándar mínimo de cuatro o cinco tenedores o demandan, como hace Chorrillos en ciertas zonas, la opinión ambiental favorable de la Autoridad Autónoma de los Pantanos de Villa.

Todos, absolutamente todos, estos requisitos adicionales a los establecido en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento son, a criterio de la Comisión del Indecopi, barreras burocráticas ilegales. En todos los casos la Comisión le da la razón a los denunciantes y ordena a las municipalidades no aplicarles a ellos estas exigencias. Uno lee las resoluciones que favorecen a estos empresarios de Lima, de Punchana, de Huamantanga, y llora de alegría y emoción.

El problema es que estos pronunciamientos alcanzan únicamente a los denunciantes y no pueden hacerse extensivos automáticamente a todos los emolienteros, panaderos, carpinteros y cocineros del Perú. Es como un juicio. La sentencia favorece a una de las partes, pero no se vuelve de forma inmediata una norma que ampare al resto de personas en la misma situación.

Entonces, en lugar de perder el tiempo en leyes mamarrachentas que no van a aportar nada al desarrollo del país, ¿la Comisión de Producción del Congreso no debería contratar a un practicante para que lea la página web del Indecopi, identifique los obstáculos que se repiten caso tras caso y proponga normas simplísimas que refuercen y aclaren los conceptos sobre lo que se puede o no pedir para obtener una licencia para funcionar? ¿Tan difícil es pisar la Tierra?