La impunidad es la regla, por Fernando Rospigliosi

La decisión de un juez de anular la investigación realizada por la megacomisión del Congreso a Alan García ha causado indignación, pero no sorpresa. El Apra y en particular el ex presidente, tienen una reconocida habilidad para sortear las indagaciones y salir indemnes de acusaciones de corrupción o cualquier otra denuncia.

El asunto es que esa no es la excepción sino la regla en el Perú. El congresista Sergio Tejada, que presidió la megacomisión hoy desautorizada por el Poder Judicial, publicó en estas páginas el día viernes un artículo en el que concluye diciendo: “Lo que ocurre es que algunos son ‘intocables’ e ‘ininvestigables’. Así es nuestra democracia criolla”.
Tiene toda la razón. Un ejemplo de ello es su jefe, el presidente Ollanta Humala.

En el 2005, cuando empezó su campaña política y se hizo conocido nacionalmente, algunos pobladores de Madre Mía, en el Alto Huallaga, reconocieron al capitán “Carlos”, al que recordaban como un violador de los derechos humanos, culpable de torturas y ejecuciones extrajudiciales. Humala fue denunciado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y otras personas.

Empezó también una investigación judicial, pero en las elecciones del 2006 Humala quedó segundo y se convirtió en un hombre poderoso, con una numerosa bancada congresal que lo respaldaba y con mucho dinero en sus arcas. Según denunció la propia CNDDHH, los operadores de Humala compraron a los testigos –o los amedrentaron– y la investigación se diluyó.

En el 2010 nuevamente se reactivó la investigación. Incluso aparecieron videos de los operadores de Humala yendo al banco con los testigos a retirar dinero para los sobornos. Igual que antes, no pasó nada. (En las elecciones del 2011 la CNDDHH, convertida en un apéndice de grupos políticos de izquierda que apoyaban a Humala, barrió bajo la alfombra sus propias denuncias).

Antes de las elecciones del 2011, el periodista Pablo O’Brien publicó en “Perú21” una serie de reportajes en los que cinco testigos, narcotraficantes y militares, aseveraban de manera convincente que el capitán ‘Carlos’ hacía lo que en esa época se había generalizado en el Alto Huallaga, cobrar miles de dólares a los narcos por hacerse la vista gorda –o proteger–  los vuelos de avionetas cargadas de droga.

Los artículos de O’Brien se publicaron poco antes de la segunda vuelta. Cuando ganó Humala no hubo, por supuesto, ninguna investigación sobre el tema y nadie volvió a hablar del asunto. 

Hasta ahora, en que Alan García arrinconado por las denuncias de la megacomisión, en especial la de los ‘narcoindultos’, la ha traído nuevamente a la discusión. Pero Humala en el poder es hoy día “intocable” e “ininvestigable”, como bien dice el congresista Tejada.
En realidad, esa es una constante en nuestros dos siglos de vida republicana, como se puede constatar al leer el libro de Alfonso Quiroz “Historia de la corrupción en el Perú”.
La única excepción ha sido el sistema anticorrupción que se constituyó durante el gobierno de Valentín Paniagua y al comienzo del de Alejandro Toledo, que permitió investigar, juzgar y sentenciar  a decenas de personas encumbradas, como nunca había ocurrido antes. Ni, desgraciadamente, después.

Ese sistema anticorrupción lo impulsaron procuradores como José Ugaz, Luis Vargas Valdivia y Ronald Gamarra, congresistas como Anel Townsend, y juezas como Inés Villa Bonilla, entre otros. Hay personas que lo critican porque, dicen, pecó por exceso o por defecto. Puede ser, pero funcionó y dio resultados a pesar de que trabajó a partir de instituciones que estaban seriamente dañadas y viciadas, precisamente como consecuencia de la corrupción y manipulación de la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Enorme mérito, entonces, haber podido llevar adelante esos procesos sobre la base de instituciones maleadas. Eso demostró que aún así se puede hacer. Lo principal fue la decisión política de impulsar ese sistema anticorrupción.

Y justamente fue el desinterés político, a mediados del gobierno de Alejandro Toledo, lo que debilitó el sistema anticorrupción, cuando los procuradores insistieron en que había que investigar no solo el pasado sino también el presente, es decir, el propio gobierno de Toledo. Ahora se entiende por qué este se negó.

En suma, tradicionalmente en el Perú los poderosos son intocables e impunes. Pero esa pauta se puede quebrar si hay decisión política al más alto nivel. Hoy día no la hay. ¿Quizás el 2016?