Quítame allá esas pajas

Es decepcionante la ausencia de voces desde el empresariado peruano que esta semana hayan mostrado al menos preocupación por la forma en la que el Congreso está conduciendo el proceso de investigación y potencial destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En un país más o menos funcional, los principales gremios estarían levantado las alertas sobre el hecho de que el Parlamento busque destituir a altas autoridades de otro poder del Estado solo con la fuerza de los votos. Estarían advirtiendo sobre los riesgos de la impetuosidad que se hizo evidente el miércoles cuando, en solo unas horas, la Comisión de Justicia modificó las conclusiones del informe elaborado por su secretaría técnica para que refleje los pareceres de sus miembros y pase de no sugerir ninguna sanción en base a la investigación realizada a plantear la destitución de los miembros de la JNJ por causas graves.

Pero en el Perú solo se escucha el silencio desde el sector privado, mientras muchos constitucionalistas advierten sobre el peligro que esto representa para la institucionalidad democrática y el equilibrio de poderes, dado que las causas graves por las que el Parlamento está buscando ejercer su potestad constitucional de remover a estas autoridades no están tipificadas.

Es difícil predecir si se alcanzarán los 87 votos requeridos en el pleno para destituir a los miembros de la JNJ. Sin embargo, la falta de críticas de las bancadas del bloque mayoritario a cómo se aprobó el informe final en la Comisión de Justicia parece indicar que esta vez tampoco primará la razón o el respeto al debido proceso.

Y esto debería preocupar al empresariado no solo por un principio básico de respeto al orden democrático, sino por instinto de supervivencia. Hoy son los miembros de la JNJ los que podrían ser retirados de sus cargos por estas aparentes causas graves, pero mañana, o en un próximo Congreso de tendencias políticas distintas, esa misma arbitrariedad podría usarse para destituir a miembros de otros organismos constitucionalmente autónomos, como han advertido muchos en estas semanas.

Basta imaginarse cómo hubieran reaccionado los gremios si Guido Bellido hubiera conducido una cruzada en el Parlamento a finales del 2021 para destituir a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva durante el gobierno de Pedro Castillo, acusándolos de no gastar más reservas para evitar que el tipo de cambio se disparase.

Que la arbitrariedad se instale en la política y en la administración de justicia va en contra de lo que deberíamos estar aspirando como país, especialmente en esta, ya oficial, recesión económica. La seguridad jurídica es indispensable para atraer inversiones y que los que nombran y destituyen a jueces, fiscales y autoridades electorales puedan ser destituidos por, como decía don Quijote, “quítame allá esas pajas”, podría generar un efecto en cadena que aumente el riesgo que ya representa para cualquier persona o empresa tener que lidiar con la justicia o el aparato estatal en nuestro país.

Los congresistas están tratando de demostrar que nadie puede interponerse en su camino. Y parece que el empresariado, como el Ejecutivo, coincide con ellos.