Carlos tiene una ferretería en Moquegua. A medida que su negocio fue creciendo decidió formalizarse e incluso entrar en otros rubros de distribución. Hoy tiene una exitosa operación comercial con más de 20 empleados.
O, más bien, tenía. Como la gran mayoría de negocios no considerados esenciales, la ferretería tuvo que suspender operaciones a partir de la cuarentena. Carlos entiende la necesidad de cerrar el negocio y apoya la mayoría de las estrictas medidas que ha puesto el Gobierno, pero siente que se la han hecho un poco más difícil de lo que tenía que ser. Las deudas con sus proveedores se van venciendo, está atrasado en el alquiler, ha pagado solo una parte pequeña de la cuota del crédito que tiene con la caja municipal –que felizmente le reprogramó el cronograma–, y ya no sabe qué hacer con sus trabajadores en planilla.
Lee en los periódicos que las tasas que se consiguieron en Reactiva Perú a partir del buen trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Banco Central de Reserva (BCRP) y de la banca comercial son muy atractivas. Él normalmente pide prestado a tasas por encima del 25% anual, pero este préstamo debería conseguirlo a no más del 2%. Es una fuente de alivio parcial. El problema es que no ve cuándo llegue el desembolso; hace semanas le vienen diciendo que ya sale, y nada.
Lamentablemente, Carlos ya ha tenido que tomar medidas desesperadas. Sus ahorros le alcanzaban para cubrir dos semanas de planilla sin vender, que fueron las primeras dos de la cuarentena. La verdad es que con la primera extensión del estado de emergencia vino su crisis. Empezado abril, tuvo que dejar de renovar los contratos temporales que tenía. Ahora, como última opción, está explorando dar licencias sin goce de haber, pero la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se cae cuando intenta conectarse, y su abogado dice que han puesto un montón de requisitos para acceder. Él no quisiera separar a trabajadores que lo han acompañado desde el inicio a armar la ferretería y que ha costado mucho esfuerzo capacitar, pero literalmente no hay con qué pagarles. A veces envidia a su competencia informal que no tiene que lidiar con nada de esto.
Lo que más le preocupa es que no ve una luz clara al final del túnel. Le dicen que posiblemente no pueda abrir hasta julio, en la llamada fase 3. Si es así, el préstamo que espera conseguir de Reactiva Perú le va a quedar muy chico. Y, de todos modos, por más préstamo que haya, su negocio no puede sobrevivir cuatro meses parado.
Para colmo de males, también le dicen que, antes de abrir, desde el Ministerio de Salud (Minsa) le van a pedir que consiga pruebas de COVID-19 y termómetros, que contrate una enfermera y que aplique protocolos complejos que él no se ve en capacidad de implementar. Carlos no quiere que sus trabajadores se contagien, no quieren contagiar a sus clientes, y a la vez no ve realista que un negocio como el suyo pueda cumplir con todo lo que piden. Más de un trabajador no podrá regresar debido a que supera el límite de 30 en el índice de masa corporal (IMC) exigido por el Minsa (él mismo no podría ir a trabajar: mide 1,75 m y pesa 93 kg).
Carlos entiende que la salud es lo más importante. Igual se pregunta si no podría haberse ayudado más rápido a negocios como el suyo y darles una salida realista. Él sabe, por ejemplo, que Moquegua tiene relativamente pocos infectados (142 a la fecha, el 0,3% del total de confirmados a nivel nacional), y piensa que quizá una estrategia de apertura por zonas o regiones tendría más efectividad para la salud y la economía.
La ferretería de Carlos está hoy al límite. Cientos de miles de empresas están igual.
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