La otra condena, por José Carlos Requena

Ha sido escueta y hasta mezquina la manifestación del presidente Pedro Castillo sobre la muerte del sanguinario cabecilla terrorista Abimael Guzmán, el último sábado. En los pocos caracteres que su cuenta de Twitter le permitía, Castillo manifestó –entre otras cosas– que su “posición de condena al terrorismo es firme e indeclinable”.

Sus acciones, sin embargo, son llamativamente perturbadoras y hacen que la condena, más que firme e indeclinable, parezca deforme. En tanto, los lazos y simpatías nunca aclarados de al menos dos de sus ministros (el presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido, por las fotos que eligió para posar en la muestra Yuyanapaq, y el ministro de Trabajo Iber Maraví, por las reiteradas denuncias sobre su pasado) parecen irrefutables.

En efecto, como bien señaló este Diario dos días antes de la muerte de Guzmán, se viene dando una peligrosa y normalizada “irrupción del senderismo en diversas instancias oficiales”. Se refería a las incómodas presencias en el Gabinete y a las visitas a la PCM en días anteriores, entre las que se encontraba la del dirigente del Movadef César Tito Rojas. Para este Diario, estos hechos hacen “evidente que hay una sintonía de este gobierno [el de Castillo] con los seguidores de Abimael Guzmán, el peor asesino que haya conocido nuestra historia” (El Comercio, 9/9/2021).

Pero ya que algunos integrantes del Gabinete piden que se les juzgue por sus acciones presentes y no por incómodos antecedentes, vale la pena revisar el manejo que viene exhibiendo esta gestión en la lucha contra el terrorismo, un desafío que –como bien ha dicho el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez– “no ha terminado” (RPP, 14/9/2021).

En el manejo de los restos de Guzmán, el Ejecutivo se ha unido a la fiscalía en un juego del gran bonetón y no ha actuado con prontitud para emitir, como recomendaban varios especialistas, un decreto supremo que zanjara el tema. Cierto es que, como en otros viejos temas pendientes, la responsabilidad trasciende a la gestión actual. Pero la circunstancia que enfrenta el Gobierno de Castillo lo obligaba a tener una reacción mucho más proactiva. No lo hizo.

Más sensible es el frente operativo, en el que reposan las labores de inteligencia. Como bien ha recordado Gustavo Gorriti, una de las personas que investigó a Sendero Luminoso desde sus tiempos primigenios, en la captura de Guzmán fue fundamental un nuevo enfoque que privilegió las acciones de inteligencia por encima del accionar meramente represivo.

La captura de Guzmán, que inició la derrota estratégica del grupo terrorista hace 29 años, “no fue resultado del azar sino de un trabajo talentoso y tenaz que consiguió con inteligencia y conocimiento lo que nadie se había acercado a lograr hasta entonces” (IDL-Reporteros, 12/9/2021).

El Gobierno de Castillo parece desconocer esta historia. No se explica, de otra manera, el desdén con el que maneja a las agencias gubernamentales que ven el tema. Ha optado por dejar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) en manos del mayor PNP (r) José Luis Fernández Latorre, una persona que no solo carece de la experiencia para tan importante encargo, sino que además cuenta con severos y documentados cuestionamientos. Si a ello se agrega el nombramiento de sus principales colaboradores y las primeras decisiones que viene tomando, todas ellas fuera del radar mediático, el panorama es desolador.

La condena de Castillo parece, pues, forzada y hasta postiza. Mientras no le dé peso real al suceso histórico al que país asiste, mantenga a ministros cuestionados por sus posiciones sobre el mayor causante de muertes de nuestra historia reciente y maneje la gestión de inteligencia con la negligencia observada, toda condena parecerá inevitablemente impostada.