La torpeza política de quienes nos gobiernan quedó una vez más expuesta. Una reunión entre el viceministro de Interculturalidad, Juan Reátegui, y miembros del grupo de extrema derecha La Resistencia ha generado una nueva crisis en el enclenque gobierno de Dina Boluarte a vísperas de una movilización ciudadana. El resultado, luego de las disculpas del primer ministro Alberto Otárola, ha significado el despido del viceministro, la renuncia de la directora de Ciudadanía Intercultural que se negó a participar de la reunión, y una ministra de Cultura –que con mérito propio se ha forjado antipatías– en jaque.
Pero esa es la anécdota. Lo que ha dejado claro este penoso encuentro es la permisividad de las autoridades gubernamentales para legitimar –con ignorancia o dolo– a grupos que atentan contra el sistema democrático. En pocas palabras, la facilidad de convertirse en cómplices de quienes a punta de amenazas y actos vandálicos erosionan cotidianamente nuestra precaria democracia.
El problema no es el diálogo, sino prestarse al juego de estos grupos violentos que buscan precisamente ocupar un espacio en la discusión pública, validados por el mismo sistema que anhelan socavar con vocación autoritaria, para así moldear la sociedad como ellos imaginan que debe ser (en el caso de la derecha radical: homofóbica, antiderechos, racista y violenta, entre sus características más virulentas). Es decir, no se puede dialogar con quien no tiene la mínima intención de hacerlo.
Vayamos al otro extremo. En el año 2012, el Jurado Nacional de Elecciones rechazó de plano la inscripción del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) en el Registro de Organizaciones Políticas por considerar que no defendía los principios fundamentales de la democracia. Sin embargo, este grupo antisistema de izquierda ha buscado, a como dé lugar, legitimarse en diferentes espacios de la sociedad. Y no fue hasta el 2021, de la mano de Pedro Castillo, que logró mantenerse en el círculo más cercano de quien fue presidente de la República por elección popular. Castillo llegó al gobierno con un discurso radical aplaudido por una gran masa dispuesta a cambiar el modelo constitucional.
¿Cómo llegamos a este punto en donde los grupos radicales de izquierda y derecha que buscan patear el tablero tienen cabida dentro del propio sistema? El politólogo Carlos Meléndez (2022) advirtió, a través del análisis de datos tomados entre el 2014 y el 2021, cómo es que en los últimos años las constantes crisis políticas han alimentado el proceso de polarización en nuestro país y que la velocidad de este proceso es preocupante. Por eso es que muchos ciudadanos observan con satisfacción que las puertas se abran para los antisistema, pues se sienten representados. Siendo una tendencia que no se revierte, los próximos candidatos encontrarán en el discurso populista radical una carnada suculenta para captar simpatías electorales en un grueso de ciudadanos que se ubican en estos polos ideológicos.
Hace bien el primer ministro Alberto Otárola al pedir disculpas y realizar los correctivos, más que por convicción, por pragmatismo, pues el momento político –vísperas de una marcha– no necesita mayores detonantes. Los grupos radicales no pueden ser funcionales a las agrupaciones de izquierda o derecha. De ahí que se señale la hipocresía de quienes se encuentran en diferentes orillas –políticos, ciudadanos, académicos– al no condenar el accionar de estos violentistas y, más bien, justificarlos; porque, si es contra el enemigo, todo vale.