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En Larcomar perdieron la vida, muy lamentablemente, cuatro personas. La quinta víctima ha sido el pensamiento crítico de periodistas y autoridades, que saltaron inmediatamente a una misma conclusión: la culpa la tienen los neoliberales que aplaudieron la duración indefinida de los certificados de defensa civil.
Detrás de esa ligereza está el desconocimiento de la norma que estableció esa disposición, el D.S. 058-2014-PCM. La ineficacia de ese argumento se desvirtuó después, porque ahora se sabe que UVK no tenía un certificado indefinido. No era, pues, culpa de los destrabadores sin corazón.
El D.S. 058 es una norma buena que no se debería modificar. No solo trajo la vigencia indefinida de los certificados. También puso racionalidad y orden allí donde la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial había establecido el cuartel general de la ‘Cosa Nostra’.
La norma dispuso plazos para las etapas del procedimiento, precisó responsabilidades, enumeró los documentos exigibles, entre otras cosas. Se redujo con ello el reino de la arbitrariedad y la coima, donde los inspectores de Lima pedían lo que querían, demoraban un año en emitir un certificado y, sobre la base de exigencias imprecisas, extorsionaban a los administrados.
La duración indefinida es aplicable solo si las condiciones de seguridad se mantienen invariables. El mismo decreto establece las modificaciones que deben generar una nueva certificación. Y si lo anterior resulta insuficiente, se autoriza a las municipalidades a realizar visitas en cualquier momento, sin esperar dos años.
Por lo demás, en el caso de esta tragedia, no hay ninguna indicación certera de que una visita de inspección hubiera detectado la causa del incendio o la ineficacia del protocolo de evacuación.
Ahora está sobre el tapete el tema de los roceadores y la posibilidad de exigirlos “retroactivamente”. Es un debate válido. ¿Hasta dónde es viable que ciertos locales deban adecuarse a normas de seguridad posteriores? Si es así, ¿solo debe pedirse retroactivamente los roceadores o también distancias de evacuación, ancho de pasillos y puertas antifuego?
Las normas actuales de seguridad no las cumplen la sede del Colegio de Arquitectos, el local de América Televisión o la Municipalidad de Lima, en cuyas oficinas no hay roceadores. Todos son lugares desde donde se ha salido a exigir cosas que ellos no aplican, a pesar de tener áreas y aforos para los que la normativa actual sí las establece.
Por último, detrás de todo lo anterior subyace la ilusión de que el Estado debe protegernos en todo momento y lugar. Eso solo incentiva a cumplir con la letra de la ley. “Yo hice lo que establece la norma y acá está mi cargo de recepción”.
Lo que necesitamos es que los privados y las dependencias públicas hagan mucho más. No lo hacen porque en el Perú es más barato reparar un daño que prevenirlo. Muere una persona y diez años después el Poder Judicial otorga a los deudos una reparación de cinco mil soles. La vida de un peruano no vale nada.
Si UVK y Larcomar tuvieran que pagar una indemnización de un millón de dólares por cada vida perdida, sin importar la vigencia de un certificado o la precisión del mapa de evacuación, harían más por proteger a sus trabajadores y clientes. Infinitamente más de lo que dicen los reglamentos o de lo que podría detectar un inspector.
