Los enemigos de la prensa en el 2019

¿Cómo nos fue en libertad de prensa en el Perú este 2019?

El Congreso, a diferencia de años anteriores, no fue el principal antagonista de la prensa y la libertad de expresión. Quizá le faltó tiempo porque fue disuelto a fines de setiembre.

Desde el Legislativo, no obstante, se pueden contabilizar un par de proyectos nefastos, como aquellos que buscaban penalizar y agravar las penas en los casos de difamación por redes sociales. Otros fueron inconducentes, como los que buscaban modificar la ley de publicidad estatal pero solo en aspectos cosméticos y declaraciones de principios. Quizá lo más llamativo –y negativo– del año parlamentario en cuanto a libertad de expresión fue el intento de la Comisión de Fiscalización por investigar a las encuestadoras. Un disfuerzo poco disimulado por acometer contra las empresas que conducen estos sondeos de opinión pública y los medios de comunicación que las difunden y que mostraban el amplio rechazo ciudadano que generaban los congresistas.

Los mayores peligros para la libertad de expresión, advertíamos, han venido de fuera de la plaza Bolívar y se han concentrado en otro palacio: el de Justicia.

El caso más emblemático es el de la periodista Paola Ugaz, quien en un solo año ha tenido que soportar hasta cinco procesos judiciales en su contra por sus investigaciones sobre los abusos y negocios vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana. Aunque no ha recibido ninguna condena, el solo hecho de enfrentar varios juicios (algunos de ellos fuera de su ciudad de residencia) y los costos que esto implica, ayuda al cometido de quienes quieren silenciar una voz inquisitiva. El periodista Pedro Salinas, en cambio, sí recibió una condena por el delito de difamación, promovida por el arzobispo de Piura y Tumbes y miembro del SVC, José Antonio Eguren. Aunque luego se desistió de la querella, la sentencia deja un mal precedente en un caso en que los cuestionamientos a una figura pública estaban basados en reportajes periodísticos, investigaciones fiscales y la libertad de opinión crítica.

Otro caso judicial preocupante es el que enfrenta el periodista Yofre López de la provincia de Barranca, querellado por una jueza, luego de que el hombre de prensa criticara su decisión de revocar la prisión preventiva del exalcalde provincial, acusado de corrupción.

Pero para atacar a la prensa, hay más vías que la de querellar a periodistas. También se puede intimidar a las fuentes periodísticas. Esto es lo que ocurrió en el caso de los árbitros Humberto Abanto y Fernando Cantuarias –este último amigo y compañero de trabajo–. En distintas ocasiones, los fiscales del equipo especial Lava Jato, que investigan a diversos árbitros por presuntos actos de corrupción, buscaron que se dictaran prisiones preventivas contra los mencionados abogados, so pretexto de que sus declaraciones ante medios de prensa “entorpecían” las investigaciones fiscales o violaban las reglas de conducta impuestas judicialmente. Una actitud desproporcionada e inequitativa, por decir lo menos, por parte de quienes frecuentemente acuden a los medios de comunicación para defender sus posturas en las pesquisas que conducen.

Con un nuevo Congreso próximo a ser elegido, valdría la pena que se retomen las propuestas para despenalizar los delitos contra el honor y poner más candados a quienes quieren utilizar el aparato judicial como una herramienta de amedrentamiento contra las voces disidentes o incómodas. De hecho, le convendría al Ejecutivo encabezar esta iniciativa, luego del amargo episodio de aparente censura que protagonizó con la inexplicable salida del periodista Hugo Coya de la dirección del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú.

Muchos dicen defender la libertad de prensa. Pocos actúan en sintonía.