Diana Seminario

“La coima no da factura” es un dicho que algunos repiten con cierto cinismo cuando señalan que resulta difícil probar la corrupción de algunos funcionarios porque estos procuran no dejar huella alguna de sus fechorías. Sin embargo, personajes como Martín Vizcarra, que hizo de la mentira su escalera al poder, han desmitificado ese dicho, pues la estela de sus acciones ha quedado más que registrada.

La semana pasada, los peruanos hemos visto con esperanza cómo pareciera que por fin la justicia le toca la puerta a Martín Vizcarra, pues se dio inicio al control de acusación que definirá si el expresidente va a juicio por los sobornos recibidos por los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, cuando era gobernador de dicha región.

Pese a que Vizcarra intentó confundir a la opinión pública y a los periodistas que lo entrevistaron afirmando que estos casos fueron archivados, el Ministerio Público lo desmintió y la acusación de haber recibido S/2,3 millones en sobornos sigue vigente. La sentencia que le esperaría a Vizcarra sería de 15 años de prisión por la coima de S/1 millón recibida de las empresas Obrainsa y Astaldi, así como S/1,3 millones de parte del consorcio ICCGSA e Incot por el Hospital de Moquegua.

Vizcarra dejaba huella y fue el testimonio de los colaboradores eficaces en octubre del 2020 lo que dejó al descubierto las mentiras del exmandatario y el argumento principal para que en noviembre de ese año el Congreso alcanzara 105 votos para su vacancia.

Los testimonios de entonces –publicados por este Diario– fueron contundentes: un aspirante a colaborador eficaz reveló que entre el 3 y 4 noviembre del 2013 Vizcarra exigió un pago de S/1 millón al consorcio de Obrainsa y Astaldi por otorgar “información privilegiada”. Obrainsa le pagó al entonces gobernador de forma personal en dos armadas, en efectivo, en las oficinas ubicadas en San Isidro. Además, Obrainsa pagó el alquiler de una avioneta que trasladaba a políticos bolivianos, entre ellos Luis Arce, actual presidente de Bolivia.

Por el Hospital de Moquegua, Vizcarra pidió el 2% del costo de la obra; a cambio, él les daba la información sobre el monto que debían especificar en la licitación.

Con esa mochila de delitos, Vizcarra se ubicó en la plancha presidencial del candidato Pedro Pablo Kuczynski y una vez en el poder se ubicó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la cartera más apetecida por los corruptos, sino que lo digan el prófugo Juan Silva y el empresario Zamir Villaverde.

La sangre fría de este turbio personaje lo coloca en niveles de cinismo pocas veces visto en la política peruana. Los delitos por los que finalmente iría a juicio son solo una muestra de todo lo que ha sido capaz de hacer cuando tuvo el poder en sus manos.

El día que Martín Vizcarra Cornejo empiece a pagar por los delitos que se le atribuyen, el Perú será un mejor país.

Diana Seminario es periodista