El viernes 1 de agosto al mediodía, el ministro del Interior, Daniel Urresti, brindó una conferencia de prensa en Barranca. Delante de él se amontonaban cientos de paquetes, aparentemente de cocaína. Detrás, una furgoneta donde supuestamente se había encontrado la droga. El vehículo estaba adornado por un gran cartel de propaganda electoral del candidato fujimorista de la localidad, Alberto Tapia, al que Urresti involucró en el tráfico de drogas.
El canal del Estado (7.3) que transmitió en directo la conferencia de Urresti, puso un cintillo en la parte inferior de la imagen donde anunciaba “600 kilos de clorhidrato de cocaína fue hallado (sic) dentro de enormes barras de fierro”. Y así titularon algunos medios al día siguiente de la conferencia de Urresti: “Carro de candidato fujimorista llevaba 500 kilos de droga” (“La República”). “Hallan 400 kilos de cocaína en camión de candidato fujimorista” (El Comercio). Prácticamente todos los medios y comentaristas se han referido a Tapia como “narcocandidato”.
Todo es mentira. Lo que dice el informe de la Primera Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada a cargo de Rotsabeth Paola Díaz Prieto (carpeta fiscal N° 111-2014) y el peritaje de la policía y la fiscalía es lo siguiente:
1. No había 600 kilos de cocaína, ni 500 ni 400. Eran 42 kilos y 89 gramos.
2. En la camioneta del candidato no había un gramo de droga, solo 138 kilos de yeso.
3. Los 42 kilos de cocaína los encontraron en una casa en Barranca que no tiene nada que ver con el candidato.
4. La policía antidrogas (Dirandro) rastrea estecaso desde febrero, según informó el jefe de esa unidad. Durante 7 meses han interceptado teléfonos, realizado seguimientos, etc. No tienen nada contra el candidato. El culpable es el cuñado, Danilo Conrado Silva Sánchez, y otras personas. La investigación fiscal no menciona a Alberto Tapia.
En suma, es sensacionalista y mentiroso anunciar el decomiso de 600 kilos de cocaína (o 500 o 400) cuando en realidad eran 42, y es abusivo, ilegal y arbitrario implicar al candidato que según la policía y la fiscalía no está involucrado.
En la conferencia Urresti desafió a los que hemos venido poniendo en evidencia la falsedad de las cifras con las que trafica diariamente: “Les he pedido encarecidamente que el pesaje sea exacto para que vayan llevando la cuenta el señor Rospigliosi y el señor Basombrío porque son muy escépticos”.
En efecto, somos escépticos porque hemos descubierto que prácticamente todas las cifras que ha presentado Urresti desde el inicio de su gestión son exageradas o simplemente falsas. Este caso muestra, nuevamente, que el ministro del Interior mintió.
Estamos ante un ministro que abusa sistemáticamente de su poder, falsificando la realidad una y otra vez y, lo que es peor, enlodando honras sin escrúpulo alguno.
La impunidad alienta el delito. Urresti se siente impune porque dispara embustes diariamente, denigra a personas y no pasa nada. Por eso no se va a detener. Por supuesto, la pareja presidencial no va a hacer nada al respecto. A ellos les importa muy poco la seguridad ciudadana, la verdad o la reputación de las personas. Lo único que les interesa es subir en las encuestas y Urresti los está ayudando a eso.
Es paradójico que Urresti, investigado durante años por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, y ahora procesado por ese delito porque un fiscal y un juez creen que hay suficientes elementos probatorios de su culpabilidad, reclame para sí la presunción de inocencia, mientras que para el resto de ciudadanos él utiliza automáticamente la presunción de culpabilidad. Y, desde el importante cargo que tiene, no tiene escrúpulos en usar la tribuna que le da el hecho de ser ministro, para lanzar acusaciones a diestra y siniestra, muchas veces sin fundamento alguno.
De esta manera, desacredita las auténticas investigaciones que realizan la policía y la fiscalía, porque como dice el refrán, “en boca del mentiroso, hasta lo cierto se hace dudoso”.
No conozco a Alberto Tapia, no sé si tiene alguna vinculación con el narcotráfico. Pero si sé que la fiscalía y la policía consideran que no la tiene. Por tanto, es inaceptable que la máxima autoridad del sector lo acuse de tal cosa sin prueba alguna.