Mi regalo de Navidad, por Franco Giuffra

Ha pasado casi desapercibida la presentación que hizo el Indecopi, a fines de noviembre, proponiendo se le otorguen nuevas herramientas legales para luchar contra la burocracia nacional. Sorprende todavía más que ningún ministro dedicado al quehacer empresarial haya asumido el padrinazgo del único esfuerzo más o menos sistemático de eliminar las trabas que ahogan a las empresas en el Perú.

Quizá esos ministros están más entusiasmados en sus planes para diversificar sabiamente la economía o dirigir el destino de nuestras exportaciones. Les resultará poco glamoroso dedicar tiempo a la gasfitería diabólica de los obstáculos regulatorios, los TUPA y los permisos para funcionar. Una lástima, porque las propuestas para apuntalar el trabajo de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) del Indecopi ofrecen mecanismos para el desarrollo de las empresas más potentes que sus fantásticas invenciones planificadoras.

Una de esas propuestas permitiría hacer extensiva, a todas las empresas afectadas, la eliminación de una barrera burocrática formalmente sancionada. Hoy, ese beneficio solo alcanza a la empresa denunciante. En consecuencia, hay obstáculos que son cuestionados cien veces por cien empresas distintas y las cien veces la CEB tiene que procesar y resolver en idénticos términos. Un sinsentido total.

Otra propuesta permite extender la fiscalización del Indecopi no solo a las normas que establecen barreras burocráticas, sino también a los folletos y formularios utilizados por entidades públicas, y que también son medios para imponer requisitos ilegales o carentes de razonabilidad. Un trámite municipal puede parecer “limpio” según las ordenanzas y el TUPA, pero una hojita adicional de requisitos le pide planos originales innecesarios, en triplicado y firmados por un profesional colegiado, por ejemplo.

También se incluye entre las propuestas la disposición para que las entidades del Poder Ejecutivo no puedan llevar al Poder Judicial la apelación de resoluciones antiburocráticas que hayan sido ratificadas por el Tribunal del Indecopi. Con esta artimaña, las dependencias adictas a la permisología consiguen “judicializar” sus casos y mantener sus prácticas antiempresariales por varios años más.

Del mismo modo, se sugiere que los cobros que hace el Estado por trámites diversos se ajusten solo al costo real de su procesamiento. Es decir, que no se cobre más por un permiso porque el tamaño del terreno es más grande o porque la empresa factura más.

Hay varias otras ideas valiosas en la presentación del Indecopi, incluyendo medidas para luchar contra las ominosas barreras paraarancelarias que limitan el comercio internacional y que fluyen naturalmente de manera abundante de los escritorios de, por ejemplo, Digesa, Digemid, Senasa y Aduanas.

El trabajo del Indecopi en estas materias merece más atención y apoyo. Solo en el 2013, la CEB ha declarado la existencia de obstáculos ilegales o carentes de razonabilidad en más de 600 oportunidades. Sin contar los 350 casos de “autocensura” en los que las propias entidades públicas eliminaron voluntariamente sus barreras.

Imaginemos lo que lograría la CEB si pudiera incrementar su ámbito de acción, sus equipos de trabajo y el soporte político para plasmar sus propuestas. Lo que se lee en sus resoluciones sancionadoras entraña resultados concretos e inmediatos para la economía. Por eso, si yo fuera presidente, mi regalo de Navidad al sufrido pueblo peruano sería fácil de imaginar: eliminaría el Mincetur y el Produce y establecería, sobre la base de la CEB, el Ministerio de la Suprema Fumigación de Trámites. O sea, chau sueños, bienvenida realidad.