Indignante silencio por el caso Polay

El terrorista Víctor Polay Campos, fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), confía en que la ignorancia de quienes desconocen nuestra historia o el sesgo de quienes trivializan sus crímenes juegue a su favor y se atreve a demandar al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Conociendo la catadura de ese ente supranacional, el resultado es de pronóstico reservado.

Fue la exministra de Justicia y exprocuradora Delia Muñoz quien alertó que el 28 de marzo del 2022 la CIDH admitió la demanda del terrorista Polay Campos, en la que se alega que su condena “violó su derecho al principio de legalidad y a las garantías judiciales; y que las condiciones carcelarias que se le impusieron afectaron su integridad personal, y que a pesar de que denunció haber sido constantemente torturado desde su detención, el Ministerio Público no investigó diligentemente tales hechos”.

Indigna que este personaje que violó permanentemente los derechos humanos pretenda ampararse en esta figura ante la justicia internacional. Para quienes no lo recuerdan, el grupo terrorista denominado MRTA asesinó y secuestró a peruanos sin mostrar un mínimo de humanidad. Encerraban a sus víctimas en las llamadas “cárceles del pueblo”, que eran cajones de madera donde las mantenían inmóviles y en condiciones infrahumanas por varios meses. Fueron pocos los que sobrevivieron a estas vejaciones.

Llama la atención que el Estado no haya hecho pública la demanda de un terrorista como Polay Campos. Si no fuera por Delia Muñoz, los peruanos seguiríamos ignorando esta situación.

Este no es un hecho nuevo, pues el 2 de marzo del 2021 la comisión notificó al Estado Peruano y este remitió una primera respuesta el 3 de junio del 2021. Al parecer, esta no fue convincente, pues en marzo del año pasado la comisión admitió la demanda. La comisión recibe miles demandas y solo admite el 10% de las mismas, por lo tanto, no es un mero trámite, sino el inicio del procedimiento.

En la fecha de la notificación y respuesta a la petición de Polay (marzo y junio del 2021), Francisco Sagasti era el encargado de la Presidencia de la República, Violeta Bermúdez era la primera ministra y Eduardo Vega Luna era el ministro de Justicia. Todos ellos le deben una explicación al país no solo por su silencio, sino también por la pobre defensa que ejercieron, pues, según Muñoz, el reclamo de Polay tiene clamorosas falencias que no constan en la respuesta peruana, como, por ejemplo, que la misma CIDH reconoció los juicios públicos realizados a los encausados por terrorismo. Luego de que los subversivos fueron sentenciados por jueces sin rostro, los juzgaron nuevamente en procesos públicos y respetando el debido proceso. Además, el propio Polay Campos pidió perdón al país durante su juzgamiento.

Fue el MRTA el grupo terrorista que en diciembre de 1996 secuestró durante 126 días a cientos de personas en la residencia del embajador de Japón. Fue precisamente Francisco Sagasti uno de los rehenes, quien admitió haberle solicitado una firma al terrorista Néstor Cerpa Cartolini a cargo de la operación. “Aprovecho para pedirle su autógrafo en mi ‘diploma de rehén’ que tiene como título la operación del MRTA”, escribiría Sagasti en la revista “Caretas”.

El mismo personaje que fue rehén del MRTA y que le solicitó la firma a sus captores años después como presidente recibió la demanda del cabecilla de la organización que lo secuestró y calló ante el país.

La democracia no puede ni debe servir como salvación a quienes la vulneraron con sus crímenes. Ante el silencio y la inacción pasada se requiere una valiente y eficiente respuesta.