¿Necesitan legislar?, por Carlos Adrianzén

Las bajas exportaciones e inversión privada consolidan el panorama económico 2015-2016 muy gris para la administración de los Humala. 

En un contexto en el que las acusaciones de corrupción se encuentran al más alto nivel, el gobierno solicita delegación de facultades legislativas en materia económica, administrativa y financiera. 

Esto, supuestamente, para destrabar inversiones y proyectos importantes que podrían aumentar el producto bruto interno (PBI), monto que no se atrevieron a cuantificar, y lanzar –según ellos– señales de confianza al mercado.

Así, el Ejecutivo le pide al Legislativo que abdique de su responsabilidad más elemental.

Esta solicitud vuelve a mostrar el desprecio a la capacidad de nuestros congresistas para legislar, aunque el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, declara que no desea enfrentarse al Parlamento.

Retórica y formas afuera, el Ejecutivo cree que necesita legislar para mejorar la alicaída situación de nuestra economía. 

Aunque afirmar que con la delegación de las estas facultades el camino de la recuperación es algo seguro, vale la pena escarbar en algunos detalles.

Se dice que se desea cambiar por enésima vez las reglas de promoción de la asociación público-privada, a través de una ley marco que garantizaría la inversión, precisaría los mecanismos para realizar obras por impuestos y simplificaría los procesos de promoción realizados ante Pro Inversión.

Lo terrorífico viene de otros segmentos del pedido, como cuando nos proponen el reforzamiento del rol del Estado en la planificación y la seguridad energética de largo plazo. 

Se complica aun más cuando pretenden cambios legales para la supervisión directa de las cooperativas de ahorro y crédito por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). 

Este cambio de reglas es solo un maquillaje. Con una nueva legislación, es previsible que solicite más recursos para supervisar a tanta cooperativa y madurar una ampliación de supuestamente necesarias capacidades de supervisión, lo cual toma años.

¿Alguien cree que legislando sobre estas materias dejaremos de lado la alicaída inversión privada? ¿Acaso las exportaciones privadas se recuperarán súbitamente en tiempos en que el tipo de cambio real sigue tan rígido como nuestra arcaica legislación laboral?

Esto, al margen de las buenas intenciones, no parece tener mayor sentido, a menos que las imprecisiones se aclaren y las torpezas se eliminen. Pago por ver.