Un nombramiento obsceno, por Fernando Rospigliosi

La designación de Carlos Ramos Heredia como fiscal de la Nación, uno de los puestos más importantes en el sistema judicial, es significativa por muchas razones. Primero, porque el magistrado ha sido señalado desde hace algún tiempo como implicado en varios casos oscuros. El más reciente, pero no el único, el de Áncash.

Ramos Heredia, primo de Nadine Heredia, tuvo un papel decisivo en la destitución y persecución de los fiscales que trataron de investigar al presidente regional César Álvarez, por lo que se lo ha señalado como uno de los protectores de la criminal red de corrupción que impera en esa región.

En segundo lugar, a pesar de esas y otras denuncias de similar gravedad, la junta de fiscales, impertérrita, lo eligió a un cargo en el que tiene muchísimo poder para desarrollar o frenar la lucha contra el delito y la corrupción.

Como bien ha puntualizado Juan Paredes Castro en El Comercio, “al cargo de fiscal de la Nación solo puede llegar un magistrado que no solo sea intachable, sino que también lo parezca. Ramos Heredia no lo es ni lo parece”.

Pero sin sonrojarse siquiera, la junta de fiscales ignoró los antecedentes y lo nombró.
Y es que, en tercer lugar, como el periodista de investigación Ricardo Uceda había advertido en enero de este año en “La República”, Ramos Heredia estaba “a punto de convertirse en fiscal de la Nación en virtud de un sistema que permite a grupos de interés manejar las riendas de tan alto cargo”, agregando que se trata de una modalidad de corrupción que involucra al Consejo Nacional de la Magistratura, que es quien escoge a los fiscales supremos. En suma, según Uceda, todo estaba amarrado desde hace tiempo para elegir a Ramos Heredia.

Este lamentable nombramiento se produce cuando el delito está creciendo incontroladamente a todo nivel, desde los homicidios hasta los robos callejeros, pasando por las extorsiones y el narcotráfico.

Cuando más se requiere funcionarios honestos, capaces, enérgicos y valientes al frente de las instituciones encargadas de prevenir y combatir el delito, lo que tenemos es a individuos cuestionados y de dudosa moral y/o pelmazos inútiles.

El presidente Ollanta Humala y su séquito, como ya es costumbre, a lo único que atinan es a echar la culpa a los gobiernos anteriores y a reaccionar tarde y mal ante los acontecimientos. Muchos de los crímenes políticos en Áncash han ocurrido en este gobierno.
El congresista ancashino Modesto Julca advirtió por escrito en varias oportunidades a los ministros del Interior Wilfredo Pedraza y Walter Albán la situación de la región y las amenazas contra Ezequiel Nolasco y otros. No hicieron nada. (“La República”, 5/4/14).
Ahora todos dicen preocuparse por lo que ocurre en esa región y los reflectores se han encendido sobre César Álvarez. Eso está muy bien. Pero no hay que olvidar que, como ha advertido Mirko Lauer, el asunto es que Álvarez parece ser un socio de las organizaciones criminales, un activo transitorio reemplazable. Es decir, si el presidente regional sale de la escena, eso no implica la desaparición de las mafias que han crecido incontroladamente en una región que maneja miles de millones de soles de canon minero.

La situación de Áncash no es única. Por ejemplo, en el tradicionalmente apacible departamento de Tumbes la inseguridad se ha desbordado. Durante este gobierno los asesinatos por encargo han crecido a un descomunal ritmo de 100% cada año y, al igual que en Áncash, se sospecha también que el poder político local se está involucrando en hechos de violencia. (El Comercio, 6/4/14).

Y la política de seguridad del gobierno contribuye a agravar la situación. Como observa el ex director de la policía, el general (r) Gustavo Carrión, “a más policías más crimen”. En Tumbes existe una escuela de policía de la que han egresado tres promociones, aumentando el número de efectivos en un 75%. (blog Espacio Compartido, 10/4/14). Esta política de los números, de tener más policías a cualquier precio, no solo no resuelve el problema sino lo empeora.

En síntesis, la delincuencia y el crimen organizado están avanzando a todo nivel, acoplándose y engarzándose con políticos corruptos en las regiones y en el Congreso, y penetrando también las instituciones encargadas de combatir el delito en sus niveles más altos.

¿Cuándo reaccionaremos como amerita una situación tan grave?