Ayúdame a ayudarte, por Andrés Calderón

Los fiscales del Caso Lava Jato están y estarán bajo asedio permanente. Pasó en Brasil, pasa en el Perú. Por ello, deben ser especialmente meticulosos, no solo en hacer un buen trabajo sino en no perder legitimidad ante la opinión pública.

La posible frustración de la colaboración eficaz de Odebrecht es uno de los principales peligros que enfrenta el Ministerio Público. Pero no es el único flanco expuesto. Casi dos años de investigaciones, allanamientos y prisiones preventivas, sin acusaciones ni condenas, son un imán para las críticas. El equipo especial de Hamilton Castro no tiene aún el mapa completo de todos los hechos de corrupción, y cualquier destape de un caso desconocido para la fiscalía provocaría más suspicacia. Además, si los aportes ocultos de Odebrecht a candidaturas políticas no son considerados delito para un juez penal, los fiscales de lavado de activos quedarán en un embarazoso fuera de juego.

La clave está en el acuerdo de colaboración eficaz. No se llega a un pacto definitivo porque primero deben corroborarse las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht. Y no es fácil la corroboración porque no hay un diálogo fluido con Odebrecht debido a que no hay un acuerdo definitivo. Un círculo vicioso.

El fiscal de la Nación saliente, Pablo Sánchez, propone divulgar el acuerdo preliminar celebrado con Odebrecht para no perder la confianza del público. Hace bien, pero quizá sea un poco tarde e insuficiente. Necesitan llegar a un acuerdo definitivo con Odebrecht y acelerar los procesos.

Hay un espacio para mejorar la legislación procesal penal en este tema, y que la colaboración eficaz peruana se acerque al ‘plea bargain’ norteamericano o a los programas de clemencia que ya existen en el Perú para el caso de los cárteles sancionables por el Indecopi. El fiscal y el colaborador negocian el acuerdo definitivo, y un juez lo aprueba. No hay más. No se requiere previamente una corroboración de cada dicho del colaborador, pero el fiscal debe tener suficientes elementos para confiar en su palabra. El delator, además, está obligado a cooperar con el fiscal durante todo el proceso. Si no lo hace o se descubre alguna mentira, el acuerdo y todos los privilegios se anulan.

Siempre estará el peligro de que el colaborador no diga la verdad. Mientras más grave sea el crimen, y más tenga que ganar y poco que perder, mayores incentivos tendrá el colaborador para mentir o exagerar en su relato e incriminaciones.

Piense en un delincuente que espera la pena de muerte o una cadena perpetua, sin riesgo a que le confisquen propiedades porque no tiene ninguna. Ahora, compárelo con otro criminal que enfrenta 20 años de cárcel y cuenta con un negocio multimillonario en casi 20 países. ¿Quién es más proclive a mentir en una colaboración eficaz? ¿Quién asume más riesgos si se descubre su falsedad?

Odebrecht es el segundo tipo de delincuente. Si bien sus funcionarios no corren mayores riesgos de ser perseguidos penalmente en el Perú, si mienten, podrían perder los beneficios obtenidos en Brasil.

¿Qué puede hacer el Ministerio Público, entonces? Primero, generar confianza. Por ejemplo, podría divulgar el convenio de cooperación con la Procuraduría de Brasil y lograr que las autoridades de ese país expliquen en un comunicado que si un colaborador (Odebrecht o cualquier otra empresa) miente en el Perú o deja de cooperar, enfrentará consecuencias negativas también en Brasil. Segundo, conseguir apoyo ciudadano y político. Lo necesita para aprobar una reforma legal que permita cerrar de una vez por todas los acuerdos de colaboración eficaz, con corroboración posterior, anulables en caso de falsedades o falta de cooperación.

La fiscalía necesita ayuda. Pero también debe ayudar a que la ayuden.