Ojo a la brújula, por Franco Giuffra

No está claro en qué momento se desinfló el entusiasmo reformador del gobierno de PPK. Se lo llevó Odebrecht o los huaicos o, más recientemente, Chinchero. Hay que retomarlo a la brevedad.

Recuérdese que la primera movida sustantiva del nuevo gobierno fue la solicitud de facultades legislativas y tras ello un aluvión de 112 decretos legislativos para simplificar, destrabar y poner nuevamente la economía en ‘fast track’. Esa era, precisamente, una de las fortalezas del nuevo equipo ministerial.

En ese momento se consideró que, dado el alcance de los temas y sectores comprendidos, ese paquete normativo era probablemente el esfuerzo reformador más importante de los últimos 25 años. Hasta que se produjo su evaporación.

El primer amortiguador de impacto fue el Congreso. Los decretos pasaron o siguen pasando allí un tiempo sin límites. Primero una semana, luego una quincena, luego algunos meses. Nadie sabe realmente cuáles finalmente se derogaron, cuáles se aprobaron íntegros y cuáles con modificaciones. Ni siquiera es evidente cuáles están vigentes hoy.

Por esa misma razón, diversos reglamentos y precisiones normativas de menor rango que debían complementarlos también se estancaron. Jamás se volvió a escuchar de cosas tan ambiciosas como los requisitos para el “Análisis de calidad regulatoria”, que traía, por ejemplo, el Decreto Legislativo 1310.

Otras normas de detalle se han promulgado, pero nadie les ha hecho la debida promoción. Es imperdonable que no haya merecido mayor difusión el D.S. 046-2017 del pasado mes de abril, que aprueba el nuevo Texto Único Ordenado de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.

Esa disposición resume diversas mejoras para facilitar la vida de las pequeñas y medianas empresas frente a la monstruosidad burocrática de las municipalidades. Incluso si los gobiernos locales se niegan a aplicarla completamente –como seguramente ocurrirá– la norma ofrece municiones suficientes para emplazar a esas autoridades ante el Indecopi.

Total, lo que era uno de los espolones más emblemáticos del gobierno ppkausa se ha perdido o, en todo caso, ha reducido su vigor. Otras iniciativas han continuado desconectadas, sin una visión ni comunicación integral.

El portal dimetutraba.pe, de Produce, por ejemplo, nació muy promisoriamente. Pero nadie tiene claro en qué quedó. El portal enumera a la fecha una relación de 154 trabas supuestamente levantadas, pero no hay detalle adicional.

Por ejemplo, se menciona la queja reiterada de tener que obtener la vigencia de poderes para cualquier trámite y se pone esa traba en la lista de obstáculos levantados. ¿Qué significa esto? ¿Ya no se pedirán poderes? ¿En el sector público, en el privado? ¿Basta una fotocopia antigua, una declaración jurada? No hay ninguna explicación.

Fuera de las trabas transversales, que afectan a todos los sectores, existe luego una lista enorme de dificultades sectoriales y, junto con ello, las propias trabas de Estado a Estado, que enredan a la administración pública consigo misma. ¿No hemos leído al alcalde de Miraflores cuando explica que una nueva playa de estacionamiento subterránea demoró cinco años de trámites y apenas 12 meses de construcción?

La agenda nacional en favor de la desregulación y la simplificación administrativa no es grande. Es infinita. Esto tenía y tiene el potencial de ser un elemento vertebral y permanente de un gobierno tecnocrático.

Es imperativo que el Gabinete reagrupe sus ideas y planes sobre esta materia de inmediato y que ofrezca al país una visión integrada de qué está haciendo, hacia dónde vamos y cuánto vamos avanzando. No puede haber desmayo en los primeros rounds.