OPP: una burocracia innecesaria, por Iván Alonso

La comisión del Congreso encargada de la reforma del sistema de pensiones ha aprobado, como parte de su futura propuesta, la creación del Organismo Público de Pensiones (OPP). Dos preguntas nos vienen inmediatamente a la mente. La primera es qué necesidad hay de crear una nueva burocracia. La segunda, qué injerencia tendrá en el manejo de la plata de los afiliados.

Se supone, por lo que ha dejado entrever la congresista Carmen Omonte, presidente de la comisión, que el OPP no administraría directamente los fondos de pensiones. Su función sería recaudar los aportes, llevar el registro y representar a los afiliados frente a los administradores de los fondos, que serían escogidos mediante una licitación internacional. Dejemos esto último para después y concentrémonos por el momento en la recaudación y el registro.

Para recaudar los aportes ya existen AFPnet, una plataforma común, en el caso de las AFP, y la Sunat, en el caso de la ONP. No queda claro qué más se puede ganar, en términos de eficiencia económica, centralizando aun más la recaudación. Tampoco queda claro qué se puede ganar centralizando el registro. Mucho se especula con que las economías de escala reducirían los costos del sistema, pero no hay ninguna evidencia de que existan economías de escala que no hayan sido explotadas aún. La menor de las AFP tiene hoy más clientes que muchos bancos, financieras y cooperativas. ¿Por qué no vemos más fusiones entre estas instituciones para aprovechar economías de escala y reducir el costo de captación de depósitos? Quizás porque no las hay.

Como todo economista sabe, las economías de escala se agotan en algún momento y dan paso a deseconomías de escala. Dónde está el punto de inflexión es algo que solo puede deducirse de un estudio detallado de los costos de las empresas que deciden expandir o contraer sus operaciones. Si queremos prescindir de tal estudio, está bien; pero, en ese caso, escuchemos qué nos está diciendo el mercado.

Volvamos ahora al problema de la administración de los fondos. No basta decir que se elegirá a los administradores mediante una licitación internacional. Alguien tiene que definir los términos del encargo para los ganadores y poner las reglas de la licitación, y ese alguien seguramente será el OPP, como representante de los afiliados. Hay un peligro de que el proceso se politice. Un gobierno urgido por las necesidades fiscales podría manipular las reglas para inducir a los administradores a invertir los fondos de los afiliados en bonos del tesoro o en sus proyectos predilectos, aun cuando eso signifique sacrificar rentabilidad o asumir riesgos indebidos. El peligro de politización no desaparece, sino todo lo contrario, por el hecho de que el OPP esté “adscrito” a la Presidencia del Consejo de Ministros.

La idea misma de la licitación de fondos nos parece equivocada. Presumiblemente, los ganadores adquirirán el derecho a administrar una cierta cantidad de fondos durante un cierto número de años. Pero si queremos que los administradores tengan incentivos para obtener los mejores resultados, es esencial que los afiliados mantengan la libertad de trasladarse de un administrador a otro. Y para eso no hay nada mejor que los administradores que ya están en el mercado y quién sabe algunos más compitan entre sí todos los días; no solamente el día de la licitación.