En la última encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP, octubre 2023) hay una pregunta de particular interés que trata de averiguar sobre aquellos espacios que los encuestados consideran privilegiados, o más importantes, para que el Perú esté en mejores condiciones y para influir sobre los “tomadores de decisión”.
La pregunta es “¿de qué manera cree que usted puede participar para mejorar la situación del país?”. Y bien, “el 30% de los encuestados considera que puede mejorar la situación del país participando en juntas o asociaciones de la comunidad y el 29% cree que puede ser a través de vigilancia ciudadana a las autoridades”. Esto es, cerca de un 60% cree que teniendo iniciativas y participación en espacios ciudadanos se puede influir más y mejor sobre el rumbo del país.
Cabe preguntarse por qué se privilegian estos espacios por encima de la participación en marchas de protesta (21% según la misma encuesta) –considerando, además, que, valgan verdades, la mayoría de estas son promovidas por organizaciones sociales– y solo el 10% cree que podría ser a través de los partidos o movimientos políticos.
Es probable que sea la propia experiencia de vida la que lleve a privilegiar esos espacios de participación. Esa misma experiencia tiene que haber enseñado que allí se escucha más la palabra y se toman más en cuenta las opiniones; los vínculos con los dirigentes son más estrechos; y resultan más visibles los resultados de las iniciativas ciudadanas.
Sin ignorar que a finales del 2022 e inicios del 2023 numerosas localidades del sur se movilizaron desde sus comunidades y asociaciones urbanas por la salida de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones, es evidente que en todo el país las agendas locales, regionales o sectoriales, variadas y vigentes, resultan hoy por hoy un nexo crucial del Estado y los políticos con los sectores de ciudadanos más movilizados, organizados e interesados en que las cosas mejoren.
Recientes encuentros descentralizados promovidos por el Acuerdo Nacional dejan ver que en Loreto, por ejemplo, los problemas más acuciantes son “la urgencia por avanzar en la conectividad en todos los niveles (transporte, electricidad, internet de banda ancha), (…) las altas cifras de inseguridad alimentaria y la falta de acceso al agua potable” (noviembre, 2023). En el encuentro de Arequipa, el énfasis estuvo puesto en la necesidad de controlar los efectos del fenómeno de El Niño, replantear la descentralización, fortalecer la regulación sobre la minería para evitar la contaminación e impulsar la pequeña producción agraria, que garantiza la seguridad alimentaria (agosto, 2023).
Las audiencias vecinales en distritos de Lima promovidas por El Comercio también sugieren la existencia de agendas invisibilizadas. En San Juan de Lurigancho (octubre, 2023), por mencionar al distrito más poblado del país, las preguntas al alcalde distrital son diversas y no se reducen a la seguridad. Una interesante muestra son las siguientes: “¿Qué estrategia tiene para recuperar áreas verdes, veredas y pistas invadidas por el comercio informal?”, “¿Cuándo se puede establecer una mesa de trabajo frente al tráfico de terrenos?”, “¿Cuál es su plan para reducir la contaminación?”, “¿Qué medidas tomará ante los problemas de paraderos informales y caos?”, “¿Qué actividades culturales piensa desarrollar su gestión?”.
En síntesis, parece haber una mayor confianza en esos espacios sociales que en los partidos o movimientos políticos. No obstante, cabe tener en cuenta que esos espacios son también políticos –político-sociales–, ya que, como es legítimo, poseen objetivos que finalmente son de naturaleza política.