Sobre el último paquete, por Carlos Adrianzén

Tomó su tiempo pero llegó. Aunque las cifras del crecimiento mensual en abril pasado resultaron ófricas (2,01%), el Gobierno cumplió con su compromiso de esbozar un paquete de medidas para tratar de combatir el enfriamiento de los últimos meses. Sobre este cabe reconocer que implica ofrecimientos y solamente ofrecimientos. Muchas de estas propuestas van a tener que sortear el tamiz de diversas carteras ministeriales, el Congreso y otros organismos estatales. Sin dejar de lado que estos –previsiblemente–  harán todo lo posible por amoldarlas a sus intereses; minimizándolas o desnaturalizándolas. 

A pesar de ello, en estas líneas asumiremos que el paquete original será respetado. 
Así las cosas, merece destacarse que el paquete tiene una virtud básica: no cae dentro de la ya recorrida receta anticíclica de más gasto estatal (dizque para compensar el simultáneo deterioro de la inversión privada y la exportación). Pero nótese: esta inusual opción puede reflejar dos tipos de razonamiento.

O es solo maquillaje y el MEF seguirá atado a la receta anticíclica en forma tácita, incumpliendo su ley de equilibrio fiscal; o –por el contrario– sí respetará su ley de equilibrio anticipando ya los problemas que podrían despertarse si –además de la abrumadora escala de gastos y megaproyectos en los que ya nos comprometió– optase por continuar gastando y quemando reservas internacionales. Aquí y asumiendo que el Gobierno, ya en su fase de salida, puede elegir no ser señalado mañana como el responsable de severos deterioros fiscales y externos en el lapso 2014-2016, tomaré como válida la segunda perspectiva.

Establecido esto, resulta útil recordar que tomar el camino menos demagógico siempre es una buena idea. Por ejemplo, eso de borrar deudas incobrables (reflejo de la torpeza de algunas reglas tributarias vigentes) es una idea inteligente, ya que no se estaría aliviando a la gente que pudo pagar (a esos la Sunat ya les sacó los ojos); por el contrario, se trataría de condonar a los que nunca pudieron pagar y que menos podrían pagar con una deuda que, por intereses y moras, crece exponencialmente. Claro, aún no conocemos si la condonación será proporcional e indiscriminada (para deudas cobrables e incobrables) o si se enfocará hacia deudas específicas, sobre su evidencia de incobrabilidad.

Por otro lado, la proposición de impedir que algunos entes estatales continúen arruinando a sus parroquianos con multas arbitrarias configura también una buena idea (si no se discrimina entre entes estatales dorados y no dorados). Esta medida –nótese– resulta muy impopular en estos ámbitos: duele que te la quiten cuando te la llevas fácil.

Otro componente del paquete (el referido a los ajustes a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) implica también una elección positiva –aunque por cierto impopular entre los que operan proveyendo servicios de salud–, ya que reduciría los costos laborales en momentos en los que la competitividad peruana es un costoso hándicap.

Lo de ordenar la legislación sobre las contrataciones estatales no resiste mayor discusión. Ayudaría mucho al Gobierno y a los privados; aunque también entristecería a funcionarios que ahorrarán para su vejez de la mala manera.

En resumen, si algo deja la discusión ex ante de estas propuestas son tres puntos. Primero: resulta poco probable que estas vean la luz en forma efectiva y coherente. Segundo: el monto abrumador de los incobrables contrasta con que la irracionalidad tributaria actual ya es insostenible. Y tercero: los botines burocráticos y mercantilistas (negocios por ley) aún abundan en nuestro país.