Dina no atina

La nueva crisis que enfrenta el gobierno de Dina Boluarte fue avivada y aumentada por ella misma. Una crisis política que ha devenido ahora en una investigación fiscal. La declaración comprometedora de una antigua asistenta que debió ser aclarada en su momento, con reflejo político, franqueza y sin ocultar ningún detalle, se está convirtiendo en un escándalo que empieza a escalar y que ha generado que el Ministerio Público incluya a la jefa del Estado en una investigación por organización criminal y financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

Hace unas semanas, Maritza Sánchez, antigua asistenta de la hoy presidenta de la República, reveló en “Cuarto poder” que Henry Shimabukuro –otro de los oscuros personajes que obtuvieron una cuota de poder gracias al gobierno de Pedro Castillo– financió su campaña electoral. Boluarte, lejos de explicar el origen de estas imputaciones, atribuyó las mismas a “manotazos de ahogado desde la Diroes”, en una clara referencia a su antiguo aliado y compañero de fórmula presidencial. Que las declaraciones de Sánchez y Shimabukuro obedecen a una maniobra digitada desde Barbadillo es una acusación nada creíble, sobre todo tomando en cuenta quién sería el “astuto” titiritero que, según la presidenta, estaría moviendo los hilos. Más bien, pareciera tratarse de un partido aparte que se está jugando el antiguo asesor en la sombra con la esperanza de acogerse a una colaboración eficaz.

El último domingo, siguiendo el ejemplo de Castillo, Boluarte utilizó las cuentas de redes sociales de la presidencia para ejercer su defensa personal y rechazó esta “oscura maniobra política”.

Más allá de los antecedentes turbios de Shimabukuro y de los intereses que pueda tener detrás, lo cierto es que cuenta con recibos, vouchers y facturas que respaldan sus afirmaciones. Gastos de pasajes, alojamientos y hasta el adobo que se empujaron en Arequipa los integrantes de la comitiva de campaña de Boluarte están debidamente documentados.

“Los he tenido que retirar [de la campaña] porque desde siempre supimos que no eran personas idóneas”, dijo la ahora mandataria el pasado 21 de marzo. Esta afirmación quedó sin piso, pues los mensajes de WhatsApp que intercambió con su negada asistenta demuestran que mantuvo contacto con estas personas “no idóneas” incluso cuando ya era virtual vicepresidenta. Durante la segunda vuelta electoral, cuando Keiko Fujimori y Castillo peleaban voto a voto para alcanzar la presidencia, Shimabukuro invirtió dinero para pagar la impugnación de actas que favorecían a la candidata rival.

Boluarte también negó haberle encargado a Sánchez que le llevara su agenda. Sin embargo, este Diario tuvo acceso al cuaderno amarillo que registra sus actividades y coordinaciones y a mensajes de WhatsApp en los que la actual presidenta le pide a su colaboradora que lleve ordenada “la agendita”.

Todos estos elementos, además de restarle credibilidad a la palabra presidencial, han sido acumulados por el fiscal de Lavado de Activos Richard Rojas Gómez, quien dispuso ampliar la investigación que seguía sobre el financiamiento de la campaña de Perú Libre e incluir en la misma a Boluarte, Shimabukuro y a quien, según la mandataria, sería el ingenioso cerebro detrás de estas denuncias.

Más allá de los vuelcos que han dado sus vidas, Pedro Castillo y Dina Boluarte tienen el mismo origen político. Dos personas que no se conocían y que terminaron ocupando los más altos cargos de la nación gracias a la selección a dedo que hizo Vladimir Cerrón para conformar la plancha de su partido. Tras el golpe de Estado, ambos tomaron caminos separados. Hoy sus destinos vuelven a juntarse. Aunque esta vez sea solo a través de la ampliación de una investigación fiscal.