“Tiene que haber un número considerable de independientes e informales que sí están afiliados a algún sistema de pensiones. [...] Lo que hay que pensar es cómo aumentar la regularidad de sus contribuciones”. (Foto referencial: Archivo).
“Tiene que haber un número considerable de independientes e informales que sí están afiliados a algún sistema de pensiones. [...] Lo que hay que pensar es cómo aumentar la regularidad de sus contribuciones”. (Foto referencial: Archivo).
Iván Alonso

Economista

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Ambos lados del debate sobre la reforma de –digamos, los que se oponen y los que defienden los lineamientos publicados hace unas semanas por nombrada por el – coinciden en la necesidad de ampliar la cobertura del sistema de pensiones. El sistema actual, dicen, está concebido para un mercado de trabajo formal dependiente, que permite descontar las contribuciones a la ONP o a las AFP por planilla. Pero nuestro mercado de trabajo es mayoritariamente independiente o informal. La pregunta sería, entonces, cómo hacer para incorporar a los informales y a los independientes al sistema de pensiones.

Pero esa no es la pregunta correcta. El número de afiliados activos a ambos sistemas, público y privado, ha crecido más de 6% al año en la última década; esto es, cuatro o cinco veces más rápido que el crecimiento de la población. En el año 2019 llegó a 12 millones, que es más o menos el doble del número de trabajadores dependientes formales. Si la aritmética no nos falla, tiene que haber un número considerable de independientes e informales que sí están afiliados a algún sistema de pensiones. Más que incorporarlos al sistema, lo que hay que pensar es cómo aumentar la regularidad (o “densidad”) de sus contribuciones.

Los lineamientos publicados por la comisión no abordan directamente el problema. La solución que proponen es ofrecer incentivos para que independientes e informales hagan contribuciones voluntarias. Uno de esos incentivos podría ser la transferencia de un punto porcentual del IGV (uno de los 18) a la cuenta individual de capitalización del afiliado cada vez que compra algo. Se trata, a todas luces, de un incentivo muy débil: el afiliado tiene que esperar 10, 20 o 30 años para recuperar apenas el 0,85% de lo que acaba de gastar, y no en una sola cuota, sino en cuotas mensuales a lo largo de otros 20 o 25 años. Lo que se puede acumular por esta vía no es mucho. Y el que no pide factura hoy, tampoco va a pedirla mañana.

Lo que llama la atención es que nadie esté discutiendo la posibilidad, en el caso de los independientes, al menos, de descontar las contribuciones de los recibos por honorarios que giran. Cabe suponer que todos los meses los giran, pues de eso viven. No hay ninguna dificultad para que las empresas que contratan sus servicios transfieran a las AFP el porcentaje que corresponda, de la misma manera que retienen el 8% a cuenta del impuesto a la renta y lo transfieren a la Sunat. Podrían aplicarse inclusive las mismas exenciones, como, por ejemplo, que no se descuente nada de los recibos por montos menores a S/1.500.

No estamos proponiendo nada nuevo. El descuento de las contribuciones a las AFP a través de los recibos por honorarios ya existió entre nosotros. Brevemente, es verdad, porque los mismos congresistas que lo aprobaron como parte de la reforma del 2012 lo derogaron dos años después. El argumento fue entonces que el descuento reducía el ingreso disponible de los independientes. Sí, pues, justamente de eso se trata: de que las pensiones se financien con los aportes de los propios trabajadores, ya sean dependientes o independientes, y sin perjuicio de que el Estado garantice una pensión mínima mediante una contribución adicional, financiada con impuestos, para quienes no lleguen a acumular un fondo suficiente.