“Pienso, luego desisto”, por Franco Giuffra

Yo lo tomo como una contribución científica. Un aporte, digamos, de la representación nacional que debería ser recogido por The Brain Initiative, proyecto que han armado los científicos gringos para desentrañar los misterios del cerebro humano, durante los próximos diez años, a un costo de 3.000 millones de dólares.

Esos son los montos de dinero que se necesitan, seguramente, para dilucidar qué puede haber pasado por las cabezas del congresista don Teófilo Gamarra y otros seis padres de la patria para sustentar y presentar, hace unas pocas semanas, el proyecto de ley 4384, que obliga a todas las empresas y entidades, públicas y privadas, a ofrecer Internet inalámbrico gratis a escala nacional.

¿Cuáles habrán sido las conexiones neuronales que se coludieron para que alguien se levante una mañana de otoño y evacúe un documento con semejante propuesta? Lo sabremos, quizá, en una década. Mientras tanto, nos toca comprender los alcances de semejante barbaridad.

El proyecto establece, en efecto, que toda entidad pública y empresa, chica, mediana o grande, que ya tenga Internet, instale un punto de conexión Wi Fi que sea accesible a cualquiera que esté en las inmediaciones y se quiera conectar. Un ‘hot spot’, como se dice. Gratis, seguro y veloz, como señala la exposición de motivos, que trae como regalo adicional un lindo resumen sobre el origen de Internet.

El sustento que apuntala esta propuesta es apoyar la democratización del acceso digital. Algo que al parecer la ONU ya ha declarado como un derecho humano fundamental y que don Teófilo y sus cofirmantes han resuelto conferir a todos los peruanos mediante esta propuesta tan original. De manera compulsiva, además, porque las multas que proponen para quien no quiera hacer su parte en esta cruzada pueden alcanzar los 40 mil soles, nada más.

Ni una palabra sobre cómo van a hacer los hostales de Cajamarca para pagar por esto, sufragar los costos del ancho de banda o adquirir los equipos de comunicación. Nada sobre el impacto en el servicio de Internet pagado que hoy ofrecen empresas privadas que han invertido en sus áreas de concesión. Mucho menos una reflexión sobre la congestión que esto puede traer en las redes internas de las empresas, ministerios o colegios. Nada. Internet gratis para todos y se acabó.

Fuera del costo económico monumental de este arrebato impracticable, nada se dice tampoco sobre las implicancias regulatorias que caerían sobre la parroquia de San José Obrero de Cañete o la juguería Tutti Frutti de Huaraz. Es decir, las obligaciones asociadas al manejo confidencial de datos, la prevención del uso delictivo de las conexiones o el control de accesos a contenidos prohibidos como la pornografía infantil. 

Como todo proyecto legislativo que se respete, el análisis costo-beneficio lo deja a uno con la disyuntiva entre reír o llorar: “La aprobación del presente proyecto de ley no genera un gasto adicional para el erario nacional, porque su cumplimiento no requiere gasto adicional a los sectores encargados de su aplicación, ya que para su aplicación no se necesita presupuesto adicional...”.

Mírelo positivamente: si usted abrigaba alguna duda sobre sus capacidades o conocimientos para postular como congresista el próximo año, este proyecto es un viento fresco que le trae la plena convicción de que lo único que necesita para tentar un escaño es renunciar a la lógica cartesiana, tener una mente liviana y hacerse de la más absoluta temeridad.