Inseguridad: plan incierto

El debate suscitado en torno a la eventual aplicación del llamado plan Bukele en el Perú ha generado distintas reacciones que han puesto en evidencia al menos dos cosas: el alto interés que despierta la inseguridad ciudadana en el país (sobre todo en los centros urbanos más poblados) y la aparente propensión mayoritaria a pensar que la solución final pasa por acciones que privilegien la mano dura.

No es para menos. Una encuesta de CID Gallup de enero del 2023 ubicaba al Perú entre los países de mayor percepción de inseguridad, solo detrás de Ecuador. Según ese estudio, cuatro de cada cinco encuestados en el país (79%) manifestaban que el crimen y la delincuencia habían aumentado en los últimos 12 meses.

En contraste –y dando razón a los entusiastas de Bukele–, el 92% de los encuestados en El Salvador creía que, en ese país, el crimen y la delincuencia habían disminuido en el mismo período.

Cifras más actuales recogidas por Ipsos-”Perú 21″ (28/8/2023) revelan que la percepción de inseguridad es muy alta, con picos en la capital. Dos de cada tres encuestados (66%) se sienten inseguros “en su barrio cuando tienen que hablar por teléfono”; en Lima, esta sensación se dispara al 81%.

Cuando se pregunta sobre la sensación “en su barrio cuando tiene que caminar solo o sola por la noche”, la dinámica es similar. Siete de cada diez encuestados (72%) manifiestan que se sienten inseguros, con un significativo incremento en la capital (82%) y entre las mujeres (78%).

No es de extrañar que el largo y tedioso mensaje a la nación del 28 de julio pasado le dedicara un significativo espacio al tema. De hecho, dos de cada tres de las iniciativas que serían incluidas en la delegación de facultades (33 de 50; aunque la cifra se ha actualizado a 30) corresponderían a seguridad ciudadana, según se indicó en el texto del mensaje. El pedido, como se recuerda, fue sustentado el último martes en la Comisión de Constitución de Congreso.

Además, una propuesta a la que el Ejecutivo le ha dedicado parte importante de su capital político es la correspondiente a la “policía de orden y seguridad”. Según el ministro del Interior, Vicente Romero, la propuesta cuenta con el respaldo de los alcaldes, al menos en la capital.

Ante una situación tan apremiante, ¿la salida es seguir los pasos que ha dado la pequeña nación centroamericana, aquejada hasta hace algunos meses por el accionar de grupos criminales?

El primero que puso el tema oficialmente en el tapete fue el propio mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, en su cuenta de X (antes Twitter), la noche del 25 de agosto, quizá recogiendo el interés que ya venía manifestándose en otros ámbitos. De hecho, varios políticos en el ámbito nacional y subnacional habían mencionado el tema de paso. Pero fue Bukele quien, con una simple pregunta, lanzó una encuesta: ¿Plan Bukele en Perú? La respuesta entre sus seguidores fue mayoritariamente positiva: 93,4%, según reportó Infobae (26/8/2023).

Lo que vino luego fue una mezcla de entusiasmo y dudas en los más altos representantes del Ejecutivo. La discusión debería zanjarse con un mensaje, formulado el martes 29, que –sin embargo– ha dejado más dudas que certezas. “Aquí no habrá plan Bukele, sino plan Boluarte, que consiste en hacer aquello que hayan hecho mejor otros gobiernos”, dijo el primer ministro Alberto Otárola.

Pero aún es incierto el universo de gobiernos al que se refiere el jefe del Gabinete. ¿Se verán solamente los casos que privilegian la represión y la mano dura como el caso de El Salvador actual? ¿O habrá espacio para evaluar lo que se hizo en Medellín posterior al accionar de los famosos cárteles, varias décadas atrás?