Pólvora en gallinazos, por Carlos Adrianzén Cabrera

Para muchos una columna sobre temas económicos solo se debería enfocar en asuntos como las perspectivas de crecimiento del año, pero, con el desarrollo de los conocimientos en materia económica, las cosas han cambiado. La economía –que diserta sobre la escasez o los incentivos– se ha convertido en un campo con innumerables aplicaciones en áreas como el deporte, la gerencia, el diseño constitucional, la salud, la demografía, el manejo medioambiental, etc. Y es que esta ciencia, como toda ciencia, tiene una peculiaridad: conoce. Construye conocimiento sobre proposiciones lógicas y contrastadas. No palabrea y no se deja sesgar por ilusiones.

En estos días, próximos a la campaña electoral, se acentúan las preocupaciones porque en las últimas décadas hemos elegido –mayoritariamente– gobernantes y congresistas accidentados. Ante esta realidad, hoy se propone una medida dizque salvadora. Fieles creyentes en el mayor gasto público como la maravilla curativa, hoy se ofrece que el financiamiento público a los partidos políticos resolvería este problema.

Algunos etiquetan esta opción como el elemento central de la reforma planteada por las dos cabezas de la burocracia electoral. Según esta, el financiamiento público para partidos con actual presencia congresal lo resolvería todo y a escala nacional. Sin embargo, asignar recursos públicos para solventar determinadas agrupaciones políticas deja abiertas interrogantes que muerden. 

La primera es el tamaño del financiamiento. Competir exitosamente con candidatos que dispondrían de decenas de millones de dólares de orígenes desconocidos podría requerir de un esfuerzo fiscal significativo. Lo fácil, asignar solo montos pírricos, implicaría un abierto desperdicio de fondos públicos y beneficios para algunos.

Más allá de presuntos enriquecimientos personales y afanes diversos, la rentabilidad de los puestos electos es muy alta, considerando ingresos pecuniarios y no pecuniarios (inmunidad y otros). Hoy se gastan fortunas en las campañas y no pocas veces los candidatos se enriquecen hasta con los sobrantes del financiamiento recaudado.

Otra interrogante es la compra de representantes en el poder. En las regiones la inoperancia de los mecanismos de control policial, judicial y electoral hace que determinados intereses locales (narcotráfico, minería informal, etc.) o foráneos (bolsones bolivarianos y otros) influyan financieramente y en escalas tan crecientes que el Ministerio de Economía y Finanzas difícilmente podría ofertar.

Nuestro drama al eligir candidatos inconvenientes no se resuelve inflando presupuestos. Incluso, hacerlo aisladamente, podría resultar contraproducente al distraernos respecto de hacer todo lo que hoy es urgente. 

Requerimos, además de educar mucho más y mucho mejor a nuestra gente, un Poder Judicial impecable, organismos electorales intachables y con capacidad de escrutinio y control efectivo y un tránsito hacia el voto facultativo y distritos electorales uninominales, pero, entonces, ¿nos conviene subsidiar a ciertos grupos políticos? 

Para dispendiar recursos públicos hay que ser muy ricos, y para hacerlo sin institucionalidad hay que ser muy tontos.