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Si por el congresista Luna Morales fuera, mañana mismo se iría a su casa la ministra María Antonieta Alva por haber dicho que la plata de los afiliados a la ONP, que la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso pretende sea devuelta, simplemente “no existe”. En un sentido literal, esa afirmación es correcta; pero, en lo sustancial, no lo es. La reacción indignada, por tanto, no se justifica.
Que la plata no exista porque no está en una cuenta a su nombre no significa que el derecho del afiliado no exista. Pero es un derecho distinto al que se imaginan los congresistas. Eso nos lleva a las diferencias entre la ONP y las AFP.
La ONP, como se ha dicho hasta la saciedad, es un sistema de reparto: la plata que entra este mes por las contribuciones de los afiliados se usa para pagar este mes las pensiones de los jubilados. Pero esa no es la diferencia esencial entre un sistema y otro. La diferencia esencial gira en torno a una palabra: definido. ¿Qué es lo que está definido en cada caso?
En el sistema privado, el de las AFP, lo que está definido es la contribución. Definida, para ser más exactos, en función de los ingresos del afiliado: el 10%, digamos. Ese porcentaje va a su fondo individual. El beneficio que recibe el afiliado cuando se jubila, su pensión, no está definido. No depende solamente de sus ingresos. Depende también de la frecuencia de sus aportes y de la rentabilidad acumulada en su fondo.
En el sistema público, el de la ONP, es el beneficio lo que está definido. Definido, esto es, en función de los ingresos del afiliado: un porcentaje de su ingreso promedio en los cinco años previos a su jubilación. No depende directamente de lo que haya contribuido. Sus contribuciones no van a un fondo individual, sino a un fondo común. No le pertenecen. Solamente le dan un derecho a recibir una pensión en el futuro, pero una pensión que no necesariamente equivale a lo que haya aportado.
Este sistema tiende a ser deficitario por dos motivos. Primero, porque la plata no se invierte pensando en maximizar la rentabilidad para el afiliado. Su pensión no depende, después de todo, de la rentabilidad que pueda obtener la ONP o quienquiera que administre el sistema. Segundo, porque los ingresos de la gente normalmente van subiendo con la edad, por la acumulación de experiencia y conocimientos, las promociones a puestos de mayor responsabilidad, etc. Sin una rentabilidad que le pertenezca al propio afiliado, no hay manera de que las contribuciones de sus años de juventud y madurez alcancen para pagar un beneficio definido en términos de los ingresos recibidos al final de su carrera.
Siendo inherentemente deficitarios, los sistemas públicos necesitan un garante externo, alguien que cubra la diferencia entre contribuciones y beneficios, entre lo que un afiliado aportó y la pensión que recibe. Ese garante es el tesoro público, lo que quiere decir que los jubilados del sistema público quedan sujetos a las prioridades políticas y presupuestales de los gobiernos de turno. Por eso el sistema público tiene que ponerles un techo –un techo bajo– a las pensiones que paga. Por eso el sistema público paga pensiones irrisorias. Eso lo demostró convincentemente hace 20 años Ítalo Muñoz (economista, socio y amigo) en un estudio sobre la crisis que llevó a la creación de las AFP.
