En respuesta a su más reciente caída en las encuestas de opinión, el presidente Martín Vizcarra dijo: “¿Es importante [la encuesta]? Sí, para tener en cuenta. ¿En función de eso tomamos decisiones? No, porque tenemos objetivos claros” (El Comercio, 7/3/19).
¿Los tiene, realmente? ¿Cuál es el objetivo claro de este gobierno? “Mejorar la calidad de vida de los peruanos” o “luchar contra la corrupción” son, apenas, buenos deseos. Que dos millones de personas superen la línea de pobreza al 2021, disminuir la informalidad laboral en 10 puntos porcentuales, destrabar uno de los proyectos mineros con inversiones proyectadas superiores a los US$1.000 millones, reducir seis meses del tiempo promedio de duración de un proceso penal, entre otros, serían objetivos claros, con metas verificables. Tan importante como ellos es tener bien identificados los medios para procurar dichos resultados.
La aprobación presidencial, a pesar del reciente declive, sigue siendo alta. Según el último sondeo de Datum, está en 56% (frente a 36% de desaprobación). El detalle de las razones es más interesante: la principal causa esgrimida entre quienes lo desaprueban es “su mala gestión, no gobierna” (20%). Si vemos la encuesta cronológicamente anterior, la del IEP realizada en febrero, encontramos que el mismo porcentaje (56%) aprueba al mandatario (con una caída de 4 puntos respecto de enero). Sin embargo, el 44% de los encuestados cree que Vizcarra no tiene un plan claro para el desarrollo del país y 45% cree que no está tomando medidas para reactivar la economía.
Ambos sondeos reconocen a la lucha contra la corrupción como el principal activo del jefe del Estado. Su reacción frente a los audios de la vergüenza del Consejo Nacional de la Magistratura y su enfrentamiento al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry y al Congreso –ambos percibidos como responsables del blindaje a la corrupción o ellos mismos envueltos en escándalos de ese calibre– le granjearon ese caudal positivo. Pero, ¿para qué? ¿Cuál es el siguiente paso?
No se trata de ser mezquinos ni pedir imposibles. Quienes quieren tapar la corrupción de Lava Jato y Lava Juez seguirán golpeando. Y los enemigos políticos de Vizcarra no dudarán en aprovechar un desliz para someter al Ejecutivo o, de ser necesario, buscar una segunda vacancia en un mismo período gubernamental. Aunque Vizcarra no pueda postular a las elecciones del 2021 ni cuente con un partido político que pueda cosechar su legado, la popularidad le sirve cuando menos para llegar hasta el 2021. Con bastante tino, el politólogo Ignazio de Ferrari escribió en estas páginas que, sin partido y sin alianzas de garantía, PPK y luego Vizcarra estaban condenados a tener que ser populares para sobrevivir hasta el 2021. Pero no se trata de sobrevivir por sobrevivir, sino para lograr algo, ¿no?
El jefe del Estado dice que no gobierna para las encuestas, pero las mismas encuestas parecen contradecirlo (sería interesante incorporar esa pregunta en los siguientes sondeos: “¿cree que el presidente Vizcarra gobierna para las encuestas / para la tribuna?”). Alega que no ansía la popularidad, pero cede populistamente a cuanto reclamo ciudadano se le presenta. Incluso cuando la “solución” es perjudicial a largo plazo y nociva institucionalmente, como sucedió con la reducción del precio del diésel para los transportistas o con la norma que impide la participación privada en la gestión de los servicios de agua y saneamiento.
Ad portas de una recomposición en el Consejo de Ministros, con menos oposición en el Congreso, y con un todavía significativo respaldo ciudadano, el presidente Vizcarra debería retomar la iniciativa política, pero para algo más que ser popular. Es cool ser popular, pero no es cool querer serlo.