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La apertura del accionariado de las empresas eléctricas estatales al capital privado es uno de los anuncios más positivos del último mensaje presidencial. Son dieciséis empresas en total, que se dedican a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica a lo largo y ancho del país y que sobrevivieron a las privatizaciones de los años 90. La incorporación de accionistas privados debería servir para mejorar su gestión y facilitar las inversiones necesarias para ampliar sus servicios. Según el presidente Humala, los beneficios alcanzarían a cuatro millones de usuarios.
Cuesta, sin embargo, creerle al presidente porque no es la primera vez que durante su gobierno se anuncia medidas semejantes. Hace casi ocho meses que se promulgó la Ley 30130, que aprobaba la ejecución del cuestionable proyecto de modernización de la refinería de Talara y que además autorizaba a Petro-Perú a colocar hasta el 49% de sus acciones en manos de inversionistas privados. Hasta el momento se desconoce cómo y cuándo se va a efectuar esa colocación.
No nos cabe la menor duda de que completar la privatización de las empresas eléctricas sería muy bueno para las propias empresas y para el país. Aquellas que fueron privatizadas hace veinte años redujeron sus pérdidas de energía, aumentaron sus inversiones y ampliaron su cobertura. El consumo de electricidad se multiplicó por tres, las líneas de transmisión se duplicaron en extensión y el número de clientes de las empresas distribuidoras pasó de dos millones y medio a más de seis millones. ¡Cómo no van a haber beneficiado esas privatizaciones a millones de peruanos!
De lo que estamos menos seguros es de que la privatización parcial que ha planteado el presidente sea viable, más allá de que haya o no haya una voluntad real de ponerla en práctica. La idea sería colocar inicialmente el 20% de las acciones de esas empresas en manos privadas, para luego –gradualmente, hipotéticamente– aumentar esa participación hasta el 49%. La pregunta es: ¿a qué inversionista privado le va a interesar hacerse de una participación minoritaria en una empresa que se rige por las reglas del sector público?
¿Tendrán los directores nombrados por los inversionistas privados la capacidad de forzar la salida de un gerente general que no alcance los objetivos trazados? No. ¿Prevalecerá su opinión en el directorio para que se descarte aquellos proyectos de inversión que se justifiquen políticamente, mas no financieramente? Tampoco. ¿Qué posibilidades habrá de que las autoridades del mercado de valores les presten oídos para exigir que se cumpla, por ejemplo, con la política de dividendos aprobada? No muchas.
Por el contrario, si el Gobierno abandonara su pretensión de mantenerse como accionista mayoritario, colocando el 51% en manos privadas, no tendría dificultad de encontrar inversionistas dispuestos a pagar buenos precios. Mejor todavía si colocara el 100%. En el 2013 las empresas eléctricas estatales ganaron, en conjunto, 622 millones de soles. A juzgar por el valor de mercado de las empresas eléctricas ya privatizadas, que se cotizan en bolsa a un múltiplo de diez o quince veces sus utilidades, las eléctricas estatales podrían valer hasta 9.000 millones de soles. Como el mismo mensaje presidencial puso de manifiesto, hay mucho mejores maneras en las que el Gobierno puede usar esa plata.
