¿Pura Vida o pura demagogia?, por Franco Giuffra

Para los políticos, cualquier incidente que involucre a una gran empresa es una bendición. Nada más rentable que aprovechar el zafarrancho de combate para promocionarse como defensor de los consumidores o usuarios. Como las empresas son siempre ruines y explotadoras, arrojarles flechas ponzoñosas es un deporte que paga.

Primero el espectáculo y después la reflexión. Ese es, más o menos, el orden de los factores en el reciente caso del producto Pura Vida, del grupo Gloria.

El defensor del Pueblo, por ejemplo, saca un comunicado indicando que este producto se ofrece al público “incumpliendo las normas vigentes de etiquetado”. Por supuesto, el señor Walter Gutiérrez no tiene idea si esa afirmación es verdadera. Pero vale la pena el lance para recoger algún rédito.

Lo propio pretende el ministro de Agricultura al declarar que “la promoción que se hace de ese producto es engañosa”, sin ofrecer más sustancia que su propia declaración. Y al referirse a un procedimiento ante Indecopi de hace unos años, que exoneró a la empresa de mayor responsabilidad por estos mismos hechos, se arroja al vacío diciendo: “Esto no debió ser [...] que caiga todo el peso de la ley a los que declararon eso inadmisible”.

Es decir, a un ministro de Estado le basta tomar aire para dictaminar sin ningún estudio que la resolución administrativa de un órgano competente estuvo mal dada. Por si fuera poco, le alcanzan los pulmones para anticipar sanciones para los que la emitieron.

El tercer acto lo pondrá en escena el Congreso esta semana, sin duda. Porque ya se anunciaron reuniones urgentes de las comisiones de Producción y Defensa del Consumidor. Para asegurar el lleno total de las butacas, han anticipado que van a hacer desfilar a todos los implicados.

A contrapelo de estas reacciones demagógicas, las únicas declaraciones serias han venido del lado de Digesa e Indecopi. Van a formar un grupo de trabajo para investigar el tema. Esa es la respuesta técnica y adecuada.

Ocurre que no es posible determinar en 24 horas si Gloria ha cometido alguna falta, si la legislación aplicable es unívoca, si la etiqueta cumple con las exigencias normativas y si la promoción del producto ha sido pertinente. Para precisar esas materias, lo que toca es un procedimiento administrativo, no una declaración populachera.

El mundo de la regulación aplicable a los alimentos es vasto, complejo e hipercontaminado por la política. Las exigencias demagógicas se han multiplicado sobre la base de imaginar un consumidor desprotegido, ignorante e incapaz de decidir por su cuenta.

De esas incursiones regulatorias por parte de los políticos han surgido cosas como el registro sanitario, que no sirve para nada. O las crecientes obligaciones de consignar cada vez más información nutricional y alergénica, que encarece los productos e impide la competencia. O la estipulación de una fecha de vencimiento fija, que obliga a botar a la basura toneladas de productos en buen estado.

En el caso de Pura Vida, dejemos que sean las instancias técnicas encargadas de descifrar las exigencias aplicables a los productos lácteos las que se pronuncien. No los políticos irresponsables que quieren ganarse avemarías ajenas.

Si hay algo que sancionar, bienvenida la sanción. Pero una vez que se haya determinado eso en un debido proceso. No porque al ministro de Agricultura le disgusta que en la etiqueta salga una vaca.