Quien mucho abarca

Esta semana, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura, entidad que absorbería a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). La expectativa era que la propuesta demostrara que el gobierno de Dina Boluarte había hecho el esfuerzo de analizar exactamente cuáles eran las debilidades de la ARCC y propusiera la creación de una entidad que no repitiera sus errores, de modo que se asegurara rapidez y efectividad en la ejecución de las obras necesarias para reducir nuestra vulnerabilidad frente a un eventual fenómeno de El Niño y otros desastres naturales.

Lo planteado, sin embargo, no es del todo esperanzador. En primer lugar, se establece que la Autoridad Nacional de Infraestructura será un organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de manera similar a la ARCC. Como ya deberíamos haber aprendido, subordinar una entidad a la PCM ata su accionar al vaivén de la coyuntura política, lo que puede afectar su efectividad.

Por el lado positivo, se establecen procedimientos más expeditivos para los trámites y permisos que tienen que obtenerse para ejecutar un proyecto. Esta menor ‘permisología’ permitiría acelerar la ejecución de las obras en coordinación con entidades de los tres niveles de gobierno, que serán los proyectos emblemáticos o estratégicos que defina el Consejo de Ministros, según la propuesta legislativa.

¿Cómo se identifican esos proyectos? En el caso de los emblemáticos, serán aquellos incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura con montos de inversión por encima de los S/200 millones que tengan ejecución financiera por debajo del 20% del costo y sin ejecución física. En los estratégicos, entran aquellos que tengan alta complejidad según el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones o los vinculados a la gestión y prevención de desastres.

El tema aquí es que se repite otro grave error de la ARCC: que no se prioriza el planeamiento. Una entidad como la que se propone crear debería estar en capacidad de mirar las necesidades de infraestructura en el país, identificar los proyectos, establecer prioridades y planear cómo y en qué orden deben ejecutarse.

Un planeamiento centralizado, con visión territorial y de largo plazo, y que no solo busque cumplir un listado ya elaborado, es lo que se necesita para brindarle efectividad y eficiencia a la inversión pública.

Habría que preguntarse también si suplantar a la ARCC por una entidad que, además de las obras de la ARCC, tenga que encargarse de otros 184 proyectos emblemáticos es la mejor forma de asegurar que las obras de prevención se realicen. Es posible que, al final, recordemos el dicho de “quien mucho abarca, poco aprieta”.

Ojalá el Congreso esté a la altura de las circunstancias y se pueda generar un debate técnico sobre cómo desenredar la madeja de la inversión en infraestructura en el país.