Hace unos días la agencia Moody’s mejoró la calificación de la deuda soberana del país. Para los entusiasmados, esta noticia –elevar hacia el nivel A3 (que solo implica una acreencia cumplidora hoy con riesgos no despreciables mañana)– es un reconocimiento a la marcha económica del país que nos ubica al mismo nivel que el anodino México de estos tiempos, aunque debajo del incierto Chile de Michelle Bachelet. Para los menos entusiastas, esta calificación debe tomarse de quien viene: las calificadoras no advirtieron los riesgos de la actual crisis global.
¿Cuál sería el fundamento de tal mejora? Más allá de su proyección favorable sobre el crecimiento y estabilidad de la plaza (creencia que aquí también deseamos que se materialice), Moody’s repite que durante la actual administración el país ha avanzado mucho en materias de reforma estructural.
Este último punto, sin embargo, merece especial reflexión. Hoy los economistas sabemos que las instituciones económicas prevalecientes importan mucho más que las políticas de corto plazo (me refiero a las políticas fiscales y monetarias). Que un buen manejo de lo fiscal y lo monetario es justamente comprender sus limitaciones. Un buen gobierno de lo fiscal significa gastar transparente y eficientemente; hacer tributar sin destruir y endeudarse muy moderadamente sin expropiar ahorros ajenos. Un buen gobierno monetario es satisfacer la demanda por monetización y mantener una baja tasa de inflación. Ni la política fiscal ni la monetaria sirven para nada más. Es decir, ayudan a que no se generen crisis y punto. Son un prerrequisito, pero no son suficientes.
Para crecer sostenidamente a un ritmo alto es necesario –además de no complicarse con errores de política fiscal y monetaria– tener estabilidad, mercados competitivos y alta apertura al exterior. Es menester desarrollar instituciones de mercado que atraigan ahorros locales y externos y no bloqueen instituciones de mercado.
Nuestro país no tiene –ni nunca ha tenido– una institucionalidad estable y predecible. Creer como parece creer el actual gobierno y esta simpática agencia calificadora de riesgo que ya la hicimos (con acciones variopintas como el incremento de la intervención estatal en el sistema previsional privado o con una ley de servicio público timorata y minimizada), y que ya hemos consolidado instituciones competitivas (capitalistas) como las que requiere una plaza de alto crecimiento, significa haber perdido perspectiva.
Estamos muy lejos de haber consolidado esa base. Tenemos un nivel deplorable de flexibilidad laboral. El tránsito hacia una administración pública eficiente está hoy tan rezagado como en los noventa. Las trabas a la inversión privada son una maraña difícil de desmontar en ámbitos regulatorios y planos de corrupción administrativa. Tenemos, pues, aún abierta y muy distante la tarea de consolidar una economía local competitiva. Creer que hemos avanzado mucho en los últimos años es autoengañarnos.
Acuérdense de sus tiempos escolares. Quienes no hacen la tarea (aunque crean que el mamotreto que presentaron resolvía los problemas) terminan reprobando. Y perdiendo el año.