¿Lo sabrá el presidente?, por Carlos Adrianzén

Si algo caracteriza la historia económica nacional, es la facilidad con la que repetimos errores.

Hace pocos años varias gestiones gubernamentales tomaron gradualmente control del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). Avasallaron los intereses de los aportantes y estatizaron sus fondos y reservas. A través del control regulatorio, gestiones politizadas y la recurrente aplicación de maquinazos monetarios, a finales de la década de 1990 no quedó nada. Los ahorros de varias generaciones de trabajadores fueron esquilmados. Nadie fue a la cárcel y el picador estatal se salió con la suya.

A inicios de la década de 1990, nuestro país copió el esquema chileno de ahorro previsional, con intermediarios privados (las conocidas AFP) y cuentas de capitalización individual de propiedad privada. La idea era que cada trabajador resulte el dueño de su jubilación y aleje su jubilación de las manos de un viejo cleptómano.

Conforme los ahorros previsionales de los trabajadores crecieron, la burocracia aprendió a usar los fondos privados con un esquema regulatorio tan abrumador que ni permitía la diversificación del riesgo global, ni defendía al trabajador de activismos monetarios locales (al estar por decreto en moneda local). Es decir, una burocracia –supuestamente protectora– actúa como si fuera la dueña de nuestra plata y nosotros tan pasiva y negligentemente como quienes ahorraron en el IPSS.

Hace poco, la administración promulgó su reforma previsional con ajustes copiados de los Kirchner. Con este marco, fracasaron su subasta de afiliados y su comisión por saldo (ni los funcionarios de la SBS dejaron de solicitar que la gestión de su fondo cargue al flujo). Ante la pasividad general, a través de cambios en el reglamento (vía un proyecto de resolución publicado hace pocos días), están a punto de tomar control de las AFP. ¿Cómo? Nombrando miembros del directorio dizque independientes.

Directores tan ‘independientes’ que su perfil es fijado por reglamento, que carecen de experiencia sectorial directa (que no tengan vínculos con el negocio previsional privado), que deben rendir cuentas a su mentor (SBS y Consejo de Participación Ciudadana en Seguridad Social) y que resultan nombrados por la Superintendencia (en un proceso en el que –para cubrir las apariencias– cada candidato sería propuesto por cada AFP regulada). Es decir, algo muy parecido a un burócrata.

¿Qué intereses defenderán estos directores escogidos por la burocracia? ¿Los de los afiliados o... los del gobierno de turno? ¿Se opondrán a que las administradoras compren bonos del Estado en momentos de insolvencia fiscal? ¿Podrán acaso oponerse? ¿Conocerá todo esto el presidente Humala? ¿Le habrán informado que esto puede llevar a que su gestión sea recordada por otro accidente previsional? ¿Sabrá que él es el responsable aquí?

El sistema previsional privado se creó para devolverle dignidad a la vejez de la clase trabajadora. Ahora, si de verdad desease imponer directores enfocados en la solvencia de las inversiones de las AFP, que estos candidatos –dado un perfil técnico abierto al escrutinio– los elijan libremente los afiliados. Gente que represente a los ahorristas, no obedientes seudoburócratas.

Y es que la figura propuesta se parece mucho a lo sucedido durante el latrocinio de las AFPJ en Argentina. Mucho ojo.