San Isidro: una buena, una mala, por Franco Giuffra

La buena. La Municipalidad de San Isidro ha emitido en diciembre una ordenanza pionera. Finalmente un gobierno local parece comprender algunas de las limitaciones excesivas que afectan a los inversionistas.

La norma, que busca explícitamente hacer del distrito una ciudad competitiva y promover el desarrollo económico, trae mejoras importantes para los emprendimientos inmobiliarios y señaladamente para los locales comerciales.

Para comenzar, facilita el uso de los retiros municipales a los negocios de cafeterías, restaurantes y similares para ofrecer atención al público. Un uso tan extendido en los países desarrollados que en Lima es casi un delito: mesas para comer o tomar algo puestas junto a la vereda.

Lo más importante, sin embargo, es la disminución de los requisitos de estacionamiento para algunos locales comerciales, hoteles y oficinas. Esto es revolucionario y único. Todas las municipalidades del país van en la dirección contraria: más espacio para autos y menos espacio para el ciudadano.

San Isidro hace posible ahora, por ejemplo, que una cafetería pueda funcionar sin destinar parqueos específicos para sus clientes. Hay exigencias complementarias, para administración y personal, pero mucho más razonables. También se obliga a tener sistemas eficientes de iluminación y uso de agua, pero todo ello es nada comparado con los requisitos de parqueo que antes existían.

La ordenanza trae también un incentivo interesante para que los desarrolladores inmobiliarios destinen espacios de uso público irrestricto a cambio de mayor área techada. Digamos, hacer una plazuela en el primer piso y compensar eso con un nivel adicional de construcción permitida.

Otras mejoras interesantes tienen que ver con la facilidad de obtener licencias de funcionamiento para ampliar locales comerciales ya existentes en zonas en las que antes no se podía crecer un centímetro. O abrir restaurantes que funcionen en horario de oficina sin pedirles estacionamientos.

La norma no es fácil de leer y comprender, sin embargo, porque no está claro qué medidas son aplicables a todo el distrito y cuáles al área de tratamiento especial que se consigna en un anexo. Además, se ha recurrido al poco amigable recurso de introducir artículos que sustituyen secciones de otras normas anteriores, en lugar de hacer algo completo y actualizado de manera integral.

Sería muy deseable que otras municipalidades estudien esta ordenanza y se pongan también las pilas, comprendiendo que la dinámica de la ciudad es otra, que los peatones tienen que ser privilegiados y que se requieren más comercios menores para atender sus necesidades.

La mala. Hace una semana San Isidro publicó otra ordenanza que pretende regular el servicio de repartos (delivery). Ya se imaginarán: obligación de uniforme, registro de motos y bicicletas, distintivo municipal, asistencia a charlas de seguridad vial. Y multas como cancha, incluida alguna por manejar moto sin brevete, algo que ya está normado en el reglamento de tránsito.

¿Esto es solo para las empresas cuyas sedes están en San Isidro o para las que están en Lince y hacen delivery a San Isidro? No está claro. Sea una cosa o la otra, la norma impone requisitos excesivos. Imagínese que otros distritos de Lima imitaran esta reglamentación. Una empresa que hace delivery de pizzas por la ciudad tendría que registrar a sus repartidores en 30 distritos, llevar 30 distintivos, asistir a 30 charlas. 

Aquí se nota la manía de las autoridades de controlarlo todo. En este caso, la norma no solo es probablemente inconstitucional porque limita el libre tránsito. Con toda seguridad es un sinsentido.