¿Se han preguntado?, por Andrés Calderón

Si fuera fiscal: ¿por qué Jorge Barata ha negado conocer de pagos ilícitos a otros árbitros distintos a Horacio Cánepa? ¿Podría ser que Cánepa pidiera coimas adicionales sin compartirlas con todos o algunos de los árbitros investigados? ¿Qué incentivos tiene Cánepa? ¿Podría estar inventando y lanzando barro a otros árbitros para tener “algo que contar” a cambio de su libertad? ¿Querría tal vez “compartir” la responsabilidad para reducir lo que tendría que pagar por reparación civil y devolución de caudales ilícitos?

¿Por qué ningún directivo de Odebrecht ha dicho que en el proceso arbitral ad hoc 32-2012/MARC (IIRSA Norte) hubo compra de árbitros? ¿Tengo certeza de que el laudo arbitral no fue conforme a derecho? Y si no cuento con un caso sólido, ¿conviene arriesgar la legitimidad de otras investigaciones del Caso Lava Jato forzando un pedido de prisión preventiva? ¿Poner todo en juego por el solo dicho de un corrupto confeso que, además, actuó a espaldas de la propia Odebrecht?

Si fuera juez: ¿no es sospechoso que, a diferencia de otros casos en los que hay detalles de pagos de dinero, sobres, y entregas en lugares específicos, en este caso las coimas estuvieran ocultas en honorarios arbitrales “inflados”? ¿Se equivocó el fiscal cuando calculó los honorarios con base en una tabla de honorarios no obligatoria, del 2019 (cuando el arbitraje ocurrió en el 2012), sin considerar los impuestos, y con base en el monto de lo resuelto por el tribunal arbitral y no el monto que se demandó?

¿El testimonio del colaborador eficaz 14-2017 está corroborado? ¿Acaso el resto de testimonios no lo contradicen, salvo otro colaborador eficaz, el 0908-2019? ¿No tendrían incentivos dos colaboradores eficaces para alinear sus declaraciones y salir libres? ¿No correspondería realizar la corroboración con pruebas materiales y una fuente no interesada?

¿Hay realmente peligro de fuga? ¿No ha viajado este árbitro decenas de veces antes y después de que se inició la investigación fiscal, por labores académicas y profesionales, y retornó puntualmente en todas ellas?

Si fuera periodista: ¿ya leí las 216 páginas del auto judicial que ordena la prisión preventiva de 14 árbitros? ¿He notado que el juez repite, al pie de la letra, conjeturas y errores de la fiscalía sin siquiera mencionar y evaluar (para bien o para mal) los argumentos de la defensa? ¿Hay fallas garrafales del juez como el seguir calculando los honorarios arbitrales con base en el monto de lo resuelto y no de lo demandado?

¿Por qué, si el juez reconoce que un investigado tiene arraigo personal y familiar, aun así concluye que hay peligro de fuga? ¿Por qué, si advierte expresamente que no hay peligro de obstaculización del investigado, no dictó una medida menos restrictiva como el impedimento de salida del país o hasta un arresto domiciliario? ¿He notado que en la página 210 de la resolución se señala textualmente “los imputados Kuczynski Godard, Kisic Wagner, Bernaola Ñufflo”, evidenciando que el juez solo ha copiado y pegado otra resolución sin haber hecho un examen adecuado, caso por caso?

¿Por qué no hemos advertido todos estos yerros e incoherencias? ¿No es la función del periodismo hacer contrapeso al poder estatal y denunciar sus abusos? ¿En qué momento nos convertimos en megáfonos de jueces y fiscales, con prescindencia de sus crasos errores? ¿A quién me debo: a una potencial fuente de información o a la ciudadanía? ¿Cuál es el titular correcto de mi nota: “Mandan a la cárcel a fulanito” o “Juez comete abuso contra fulanito”?

Todas estas preguntas siguen sin respuesta en el caso de mi compañero de trabajo y amigo Fernando Cantuarias. Cámbiele de nombre, si gusta, amable lector. El atropello seguirá siendo el mismo.