Sin excusas ahora, por Iván Alonso

¿Qué se puede esperar de este gobierno en materia económica tras la disolución fáctica del Congreso? No había realmente un plan que este estuviese obstruyendo. Lo más parecido a uno es el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Allí se presenta, cronograma incluido, una serie de acciones que deberían tomarse antes del 28 de julio del 2021.

Algunas tendrían que haberse tomado ya entre agosto y setiembre. Tales son, por ejemplo, las bases estandarizadas para la contratación de las oficinas de gestión de proyectos (PMO), llamadas a agilizar la construcción de infraestructura; el decreto supremo para la creación del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias, que, se supone, reducirá los costos de intermediación financiera; el reglamento de la modificación de la Ley General de Aduanas para disminuir los tiempos de despacho aduanero; y el proyecto de ley del chatarreo para modernizar el parque automotor, que no hay lamentablemente a quién enviárselo.

Otras deberían tomarse en lo que queda de octubre. Estas incluyen el decreto supremo que apruebe la institucionalidad –sin ironía de por medio– del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad; el reglamento de la ley de promoción y desarrollo del investigador e investigadora (sic); la prepublicación de los decretos supremos para la reforma laboral y la jornada a tiempo parcial; y el proyecto de ley para la creación de un nuevo régimen tributario para las mipymes, que tampoco habrá a quién enviar.

Antes de fin de año deberíamos ver el contrato estándar para asociaciones público-privadas (APP); la lista priorizada de los procesos municipales y sectoriales a ser estandarizados para facilitar la inversión en infraestructura; la propuesta para el funcionamiento de los consejos sectoriales de competencias y el plan de implementación del Marco Nacional de Cualificaciones; el licenciamiento de los cuatro primeros institutos de excelencia para carreras técnicas; los lineamientos de formación docente en servicio; el inicio de operaciones del fondo Crecer para las mipymes; el decreto supremo que apruebe el reglamento del Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario; y el proyecto de ley para modificar el marco legal del ‘leasing’, que, como adivinará el lector…

En el 2020 contaremos con una política nacional de educación superior y técnico-productiva; un proyecto de inversión pública aprobado para el centro de innovación Espacio-Ciencia; los lineamientos de medición de cargas administrativas, como parte de la política de simplificación administrativa; un novedoso semáforo anticorrupción e integridad; y un proyecto de ley del marco regulatorio del ordenamiento territorial (desde Abancay hasta Zorritos, digamos).

Llegado el bicentenario, se habrán eliminado los cuellos de botella que traban la inversión en infraestructura; se habrá concluido el licenciamiento de universidades públicas y privadas y el diseño del modelo de la Agencia de Innovación Productiva; se habrá creado el Fondo de Capital Emprendedor para ‘start-ups’; se habrá emitido un “bono verde” soberano; se habrá presentado un proyecto de ley para regular a las ‘fintech’; se habrán implementado catorce centros de formalización laboral; y se habrán publicado las guías de operación de la estrategia de homologación de proveedores mipyme en diversos sectores.