El terremoto será en diciembre, por Franco Giuffra

La directora regional de la OIT ha declarado recientemente que se necesitarán 44 años para reducir a la mitad la tasa de informalidad en América Latina, incluyendo lógicamente al Perú, cuyo nivel de informalidad es incluso más alto que el promedio de la región.

Si este esfuerzo es similar al que uno hace cuando está a dieta, es muy posible que la otra mitad demore todavía más en conseguirse. Tratándose, entonces, de un problema cuya solución necesita cerca de cien años para alcanzarse, el asunto ya no es político o económico sino geológico. La reducción de la informalidad, en consecuencia, debería encargarse desde ahora al Instituto Geofísico del Perú.

Probablemente los científicos que saben de erupciones volcánicas y que estudian la composición misma del planeta puedan estar más familiarizados con las rocas colosales que el Estado produce regularmente para causar este fenómeno.

Formaciones líticas como la Ley General de la Persona con Discapacidad, que nos regaló el Congreso en diciembre del 2012, con la presidencia de don Víctor Isla, cuyo capítulo referido a las cuotas de empleo es un caso de estudio que ya es materia de análisis en las mejores facultades de petrología del mundo.

En él se establece que, a partir de diciembre del presente año, todas las empresas privadas con más de 50 trabajadores están obligadas a contar con un mínimo de 3% de trabajadores discapacitados. Esto incluye empresas agroindustriales, constructoras, mineras, de carga pesada, fábricas y otras muchas actividades en donde, imaginará el lector, es facilísimo dar empleo a discapacitados.

La ley no deja claro si, llegado el momento, habrá que despedir empleados actuales para acomodar a los discapacitados, pero esa es una primera consecuencia lógica del mandato legal. Tampoco se dice si el porcentaje se refiere a nuevas contrataciones, lo cual crea el problema de determinar dentro de qué plazo y si cuentan las contrataciones por crecimiento de la planilla o únicamente por reemplazo. Lo que sí dice la norma es que el incumplimiento de la cuota se considera una falta “muy grave”, lo que equivale a una multa de 15 UIT (57 mil soles).

Si algún científico social especialista en informalidad estaba preocupado porque en cien años se iba a quedar sin chamba, la Ley 29973 es la mejor garantía de que, a partir de diciembre, el fenómeno informal aseguraría su supervivencia por lo menos cuatro mil años más. 

La norma ha sido tan estudiada y se han cuidado tanto los detalles que la hagan aplicable, que ni siquiera en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) hay suficientes ciudadanos discapacitados inscritos como para satisfacer la demanda teórica que la cuota exige. O sea, vamos a tener que incrementar los accidentes de tránsito y dañar malamente a más peruanos para que se pueda cumplir.

El reglamento de la ley, por otro lado, acaba de ser publicado y es una pieza acabada de gemología: en lugar de atacar el problema de fondo, establece que el cumplimiento de la cuota recién será exigible a partir del próximo enero. 

La verdad, no se entiende que la gente se asuste tanto con los movimientos posibles de la placa de Nasca, cuando las verdaderas fallas geológicas que causan espanto son las que viajan con circulina gracias a nuestros impuestos.