La Tía radiografiada, por Carlos Adrianzén

Pasados algunos años, cuando olvidemos a los fallecidos, y los minusválidos tangenciales descubran que fueron usados y abandonados, algún observador escribirá una historia sobre el lado económico de los disturbios asociados al proyecto Tía María. Esta investigación será particularmente rica, aunque no será la primera de su tipo en nuestro país. 

Esta historia difícilmente puede ser enfocada con propiedad omitiendo un detalle. Nuestro marco legal hace que el propietario de la superficie no sea el dueño de lo extraíble del subsuelo. Con ello –gracias a la rapiña e irresponsabilidad de nuestros gobiernos– nos aseguramos frustración, protestas y bloqueos a la inversión minera, gasífera o petrolera. La farsa del canon (caja fácil para a gobiernos locales y regionales) combinada con la irresponsabilidad y falta de empatía del Gobierno Central solo retroalimentan la figura. 

Tía María no es un fenómeno aislado. Grafica por qué el crecimiento del 2002 al 2011 se detuvo en medio de trabas burocráticas generalizadas, protestas sociales, y la nada discreta profundización de tributos y regulaciones. 

Un izquierdista repetiría que sostener esto sería injusto porque en los últimos tiempos los precios de exportación se cayeron. Pensar así sería creer que nuestro país tiene una economía minusválida que se hunde cuando caen los precios externos. Sin embargo, existe una implacable regularidad: nuestros amiguitos de izquierda pocas veces aciertan. Claro que han caído algo los precios de exportación, aunque estén 47% más altos que los registrados a fines del 2008, pero también han bajado los precios de nuestras importaciones (en 15% el último año), con lo cual lo relevante (los términos de intercambio) se ha reducido mínimamente (3%). 

Entonces, ¿qué explicaría el enfriamiento y la caída de las exportaciones e inversión privada? Vale la pena viajar a Arequipa y enfocar cómo una corporación mexicana que cumple los requerimientos legales para implementar el aludido proyecto no puede operar por los opositores a la minería y la sospechosa inoperancia del gobierno, que no asegura el orden público. 

Tía María y Conga no son hechos espontáneos. Lo sucedido muestra un gobierno que se apropia de los recursos del subsuelo, los gasta deplorablemente, abdica de sus responsabilidades y cree arreglar todo rogando a los inversores, aunque luego los abandone.

Así, debemos ponderar que Arequipa quedará previsiblemente dañada por una década más. Las otras regiones deberán, asimismo, entender que no la tienen fácil y que el Gobierno Central no cambiará. Por ello, tendrán que construir un buen clima de negocios. Harían mal en ignorar que –además– abundan los negocios ecológicos y políticos asociados a trabar cualquier inversión significativa. Por las buenas, con excelente márketing maquillado por razones supuestamente técnicas, o por las malas, con acciones paramilitares consistentemente financiadas.