La prevención no es parte del show

El gobierno de Dina Boluarte ha declarado en emergencia otros dos distritos de Lima Metropolitana. El Cercado de Lima y Lince han llamado la atención del Ejecutivo que en su supuesto plan estratégico –sin indicadores y metas claras– tiene como objetivo “hacer frente a la extorsión y trata de personas”.

Más allá de la puesta en escena, el delito de trata de personas es real. Para tener una idea, solo en 24 horas El Comercio dio cuenta de dos terribles hechos que involucran a organizaciones criminales internacionales: el rescate de medio centenar de ciudadanos asiáticos víctimas de explotación laboral y el lucrativo negocio de la explotación sexual en manos del Tren de Aragua.

En ambos casos, el Ministerio Público y la policía realizaron exitosos operativos que permitieron detener a los criminales y liberar a las víctimas. Por las características noticiosas, son casos que ocupan titulares; sin embargo, la trata de personas acecha a diario de manera silenciosa, pero muy efectiva, a niños, adolescentes y mujeres en estado de vulnerabilidad. Las incontrolables redes sociales amplían el campo de acción de los perpetradores. En el 2022, la fiscalía reportó 6.107 denuncias por este delito. Según CHS Alternativo, organización dedicada a eliminar la explotación humana en el Perú, este número de denuncias representa un crecimiento del 8% respecto de lo reportado en el 2021.

Pero necesitamos colocar este delito en su gran dimensión. Debemos entender que el daño que causa a sus víctimas pasa por vejaciones inimaginables, ya sea para explotarlas sexualmente, someterlas a trabajos forzosos e inclusive venderlas como mercancía. Por eso, la lucha contra la trata de personas es un esfuerzo que no concluye con una intervención y las víctimas –aquellas que sobreviven– merecen que el Estado agote los esfuerzos para que sus derechos sean restituidos y logren una reintegración completa a la sociedad. No es tarea fácil, pero sí prioritaria.

En julio del 2021, mediante decreto supremo, se aprobó la “Política nacional frente a la trata de personas” con tres objetivos claros: ampliar la vigilancia preventiva, mejorar el sistema de persecución y fortalecer la atención y reintegración de la víctima. La implementación de dicha política plantea 42 servicios y articula a diversas instituciones del Estado. A través de esta política, se pueden medir los avances de los actores en la lucha contra la trata.

Precisamente, días antes de la súbita preocupación del Ejecutivo, CHS Alternativo presentó un balance de estos servicios y detectó que aquellos destinados a atender a las víctimas no cumplen las metas establecidas. Tanto el Ministerio de la Mujer como el de Salud, que deberían cumplir con la prestación de servicios especializados, aún mantienen una brecha importante. Pero quizá lo más vergonzoso es que el Ministerio de Cultura y el de Educación, que tiene como tarea trabajar en el área de prevención, tienen un avance del 0%.

Atender y prevenir no son medidas populares. El enfoque centrado en la víctima merece mucha más inversión que los S/0,12 por ciudadano (Defensoría del Pueblo, 2022) y un verdadero liderazgo desde el Ejecutivo y el Congreso.

Los sobrevivientes de la trata no merecen que la lucha contra este delito sea aprovechada para un show político, y el primer ministro, antes de lucir fusiles en las calles, debe rendir cuentas sobre una política de Estado que no muestra avances en sectores neurálgicos y proponer planes realistas para revertir esta situación en defensa de los más vulnerables.